Tras una investigación judicial, se logró desarticular una banda que traficaba estupefacientes, con acción en Santiago del Estero y Chaco. El operativo culminó con la detención de un conocido productor rural y otros tres sospechosos y dejó al descubierto una estructura que generaba ganancias exorbitantes en tiempo récord.
Según el expediente, el líder de la banda habría recaudado más de $37 millones en apenas cinco meses (entre enero y mayo de 2025), una cifra que encendió las alarmas de los investigadores sobre la magnitud del negocio ilícito.
Un sujeto identificado como Juan Delfín Hoyos, de 32 años y apodado “Michel” o “Petiso” sería el “cabecilla” de la banda y solía presentarse como comerciante ganadero.
Hoyos utilizaba su domicilio en el barrio Municipal de Monte Quemado como base y una propiedad rural en el paraje Alto de Sierra (Chaco) para acopiar estupefacientes y distribuirlos a gran escala.
Los ingresos millonarios que se registraban no guardaban relación con la actividad ganadera que el hombre declaraba, lo que reforzó la hipótesis de la comercialización de drogas.
Hasta el momento, la Justicia identificó a cinco integrantes clave en esta organización, de los cuales cuatro ya están detenidos. Se trata de Margarita Noemí Gerez (“Pishpi”), Enrique Carrizo Galván y Miguel Alejandro Ruiz (“Pajarito”). Pero, los investigadores también identificaron a un quinto implicado, apodado “Martillo”, que continúa prófugo y es buscado por las fuerzas federales.
Según las primeras investigaciones, los sospechosos aprovechaban la geografía de la zona para ocultar la droga en una finca rural de difícil acceso, mientras utilizaban viviendas urbanas para el “menudeo” o la distribución final.
La banda se comunicaba por llamadas y mensajes de texto donde se empleaban términos encubiertos y códigos para negociar precios, cantidades y calidades de la sustancia sin mencionar palabras clave que pudieran alertar a la policía.
El fiscal Gabriel Gómez formuló las imputaciones bajo la Ley 23.737, calificando el hecho como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Esta figura legal resalta el daño provocado a la salud pública y permite a la justicia avanzar sobre el decomiso de los bienes obtenidos a través del tráfico.
