La emergencia ígnea que devasta gran parte de la Patagonia argentina ha puesto en el centro de la escena política a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ante la recurrencia de los incendios que azotan a la provincia de Chubut, la titular del Senado anunció este lunes su intención de promover reformas legislativas profundas para combatir los focos ígneos que, año tras año, arrasan parques nacionales, tierras fiscales y propiedades privadas, afectando el patrimonio natural de las generaciones venideras.
A través de sus canales oficiales, la vicepresidenta planteó la necesidad de una actualización del Código Penal que establezca penas de prisión efectiva para quienes inicien el fuego, ya sea por dolo o negligencia. Villarruel enfatizó que quien delinque debe responder ante la justicia sin distinción de origen o ideología, amparándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un ambiente sano. En este sentido, su propuesta parlamentaria no solo apunta al castigo, sino también a una reestructuración de la respuesta estatal, buscando una coordinación más eficiente y asertiva entre el Estado Nacional y las provincias para enfrentar el avance de las llamas.
El trasfondo de la interna oficialista
Sin embargo, el anuncio institucional se da en un clima de marcada tensión con la Casa Rosada. En los últimos días, la figura de la vicepresidenta quedó envuelta en una controversia por el presunto pedido de un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias para recorrer las zonas afectadas en el sur. Según fuentes gubernamentales, la solicitud habría sido denegada por el Poder Ejecutivo, un gesto que evidencia el distanciamiento entre Villarruel y la mesa chica del presidente Javier Milei, quienes han mantenido a la titular del Senado al margen de las decisiones estratégicas de la gestión.
A pesar de los cruces y las desmentidas provenientes de su entorno respecto a la logística del viaje, Villarruel mantuvo su postura enfocada en la protección del territorio patagónico. Para la vicepresidenta, la tragedia ambiental que se repite cada temporada estival requiere de una presencia del Estado que no escatime en recursos ni en firmeza judicial. Su iniciativa busca sentar las bases para que el daño ambiental sea restituido y, fundamentalmente, para que la impunidad de quienes inician los focos ígneos llegue a su fin mediante un marco legal más severo y una logística federal unificada.
