Un informe de diario Perfil reveló los gastos de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación y llamó la atención el monto que destina a la compra de bebidas gaseosas e isotónicas para abastecer durante seis meses a la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y la residencia presidencial de Chapadmalal. De acuerdo al informe, el monto estimado de la contratación asciende a 81 millones de pesos.
La información, basada en una investigación del portal Realpolitik, incluye imágenes del pliego licitatorio, con número de expediente, descripción del proceso y la unidad operativa de contrataciones. El medio subrayó que el gasto contrasta con el contexto de ajuste que atraviesan jubilados, docentes y trabajadores, y se suma al reciente aumento salarial de funcionarios del gobierno libertario.
El dato llamó la atención por el vínculo público que el propio presidente Javier Milei mantuvo con este tipo de bebidas durante la campaña electoral. En 2023, en una entrevista televisiva, el entonces candidato relató que, debido a la ansiedad, llegaba a consumir hasta siete latas diarias de gaseosa cola, a las que incluso agregaba sobres de azúcar.
A ese hábito se sumaron versiones periodísticas que indicaban un elevado consumo de bebidas energizantes. Según distintos reportes, Milei tenía predilección por una variedad de Monster Energy y podía beber entre seis y ocho latas por día para sostener extensas jornadas de actividad.
Especialistas en nutrición y salud pública advirtieron en reiteradas ocasiones sobre los riesgos del consumo excesivo de este tipo de productos, que pueden provocar desde insomnio y palpitaciones hasta alteraciones cardiovasculares y metabólicas. Las bebidas energizantes, remarcan, no son hidratantes y su uso prolongado en grandes cantidades puede tener consecuencias serias.
En los últimos meses, el propio Milei afirmó haber modificado parte de esos hábitos y aseguró haber bajado alrededor de nueve kilos tras cambiar su dieta. Sin embargo, la licitación revelada reabrió el debate público en torno a los gastos del Estado en un contexto de recortes y restricciones presupuestarias.
