Lo que comenzó como una auditoría de rutina de la ANSES en la UPA N° 2 del barrio Central Argentino (La Banda), ha derivado en una investigación penal de gran escala. El Estado provincial y nacional ya han iniciado acciones conjuntas, incluyendo investigaciones sumariales y denuncias penales, para desarticular una red que falsificaba certificados de embarazo para cobrar asignaciones de forma ilegal.
La alerta roja se encendió durante una inspección en la que se detectaron 400 fichas de Asignación por Embarazo con irregularidades. La licenciada en Obstetricia María Noelia Bulacio Boix, cuya firma y sello aparecían en los documentos, radicó una denuncia penal tras constatar que su identidad fue utilizada para avalar pacientes que nunca atendió. Los auditores confirmaron que no solo se falsificó la letra de la profesional, sino que se utilizaba un sello apócrifo de la UPA.
Investigación del Estado y sumarios
Ante la gravedad del hecho, las autoridades competentes han tomado medidas drásticas:
El caso es investigado por la Dra. Erika Leguizamón (Fiscalía de turno) y el Departamento de Delitos Económicos. La investigación sumarial; donde el Estado ha iniciado sumarios administrativos para determinar si existen nexos internos en los centros de salud o si la maniobra fue estrictamente externa. Además el corte de beneficios, ya que se auditan las 400 pensiones de la Nación otorgadas bajo esta modalidad para suspender los pagos obtenidos mediante fraude.
La investigación policial, apoyada por la división de Ciberseguridad, descubrió que la estafa se promocionaba en un grupo de WhatsApp llamado “Laprida”. Allí, una mujer se presentaba como gestora y ofrecía los certificados médicos incluso a mujeres que no estaban embarazadas.
La estafa se dividía en dos cobros: $50.000 iniciales, por la entrega del formulario falso con la firma apócrifa de la obstetra y $100.000 de “peaje”, una suma que la falsa gestora exigía a las beneficiarias una vez que estas lograban percibir el dinero del Estado nacional.
Desde el Ministerio de Salud y los organismos de seguridad recordaron que todos los trámites ante ANSES son personales y gratuitos. El uso de documentación adulterada para percibir subsidios nacionales no solo perjudica al erario público, sino que constituye un delito federal que involucra tanto a quien ofrece el servicio ilegal como a quien intenta cobrar el beneficio con datos falsos.
