Una operación de compra que prometía resolverse en pocos días terminó en una denuncia penal y en una investigación en curso. Una funcionaria policial acusó al dueño de una concesionaria de haberle cobrado una importante suma de dinero por un automóvil que jamás fue entregado.
Según consta en la presentación judicial realizada el sábado pasado, la mujer —de 36 años y domiciliada en el barrio Villa del Carmen— relató que en abril de 2025 acordó la compra de un Chevrolet Corsa en un comercio ubicado sobre calle Agustín Carabajal, entre Narciso Gómez y Patrocinio Díaz, en el barrio Tradición. El precio pactado fue de $4.000.000, monto que transfirió el 24 de abril ante la promesa de una entrega inmediata.
Con el paso de los días, la entrega se fue postergando. Desde la concesionaria le informaron que el vehículo debía someterse a reparaciones estéticas, trabajos que implicaban un costo adicional de $300.000, mientras que la denunciante se comprometió a comprar la pintura. Más adelante, en junio, el vendedor de apellido Llarul le indicó que los arreglos no se habían completado por problemas personales del personal a cargo.
La situación se agravó en septiembre, cuando la mujer solicitó la documentación del rodado para avanzar con la transferencia. Ante la falta de respuestas, realizó averiguaciones por su cuenta y tomó conocimiento de que el automóvil tendría prohibición para circular.
Tras un nuevo reclamo en la agencia, Llarul le aseguró que solucionaría el inconveniente y le pidió que permaneciera tranquila. Sin embargo, el 28 de octubre le comunicó que el vehículo había sido vendido y le devolvió $3.000.000, quedando pendiente un saldo de $1.000.000 que, pese al tiempo transcurrido, no fue reintegrado. La causa es investigada por el Departamento de Delitos Económicos bajo las órdenes del Dr. Martín Silva.
