La intervención del puerto de Ushuaia por parte de Javier Milei abrió un conflicto político e institucional en Tierra del Fuego. La auditoría de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) responsabilizó al director local de Puertos, Roberto Murcia, por el deterioro de la terminal y por presuntos desvíos de fondos, sin embargo el Gobierno fueguino refutó cada uno de los argumentos de la ANPyN.
Por medio de un comunicado el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS) salió a cuestionar los fundamentos de la Resolución 4/2026 de la ANPyN, que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia. Desde la provincia sostienen que los argumentos vinculados al presunto desvío y malversación de fondos, así como a problemas de seguridad operativa, carecen de sustento fáctico y vulneran la autonomía provincial.
En relación con el supuesto desvío de fondos, la gestión fueguina aclaró que si bien existió una ley provincial que habilitaba redirigir recursos del puerto hacia la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), dicha norma nunca fue ejecutada ni impulsada por el Poder Ejecutivo. Además, precisaron que el único movimiento financiero realizado fue un préstamo del puerto al gobierno provincial, financiado exclusivamente con intereses generados por plazos fijos, sin afectar el capital del puerto. Ese préstamo —aseguraron— se devuelve con intereses y representa una inversión rentable para la administración portuaria.
Respecto de la acusación de malversación, el Gobierno provincial remarcó que no existe ninguna denuncia penal presentada, paso indispensable ante la existencia de irregularidades de ese tipo. También señalaron que la ANPyN no aportó información concreta ni casos específicos que prueben compras con sobreprecios, adquisiciones inútiles o pérdidas patrimoniales, y negaron que se hayan producido situaciones de bienes no utilizados o pérdidas por materiales perecederos.
Finalmente, en cuanto a la seguridad del Puerto de Ushuaia, desde Tierra del Fuego calificaron el argumento como contradictorio. Indicaron que, si el puerto fuera inseguro, esa condición afectaría tanto a una gestión provincial como a una nacional, y subrayaron que la ANPyN continúa operándolo con el mismo personal que lo hacía antes de la intervención. En ese marco, advirtieron que la decisión nacional constituye un avance sobre competencias provinciales y una afectación directa al principio de federalismo consagrado en la Constitución.
