El Gobierno nacional decidió incluir el proyecto para bajar la edad de imputabilidad dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, y reactivó así el debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados.
La medida quedó oficializada a través del decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que incorpora al temario legislativo el tratamiento de los proyectos vinculados al sistema penal juvenil. De esta manera, el oficialismo busca retomar una discusión que había quedado trunca el año pasado.
El propio Milei había anticipado la decisión durante una recorrida reciente por Mar del Plata, donde sostuvo que el Gobierno avanzará con el cumplimiento de sus promesas de campaña. “Para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó el mandatario ante militantes libertarios.
En la misma línea se expresó días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que en 2026 el oficialismo impulsará la reforma del Código Penal. A través de sus redes sociales, señaló que existe un “mandato claro” para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad y vinculó la discusión a casos de delitos graves cometidos por menores, como el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, y otros antecedentes similares registrados en 2025.
Con el decreto ya publicado, Diputados retomará el análisis de un proyecto enviado por el Ejecutivo en 2024, que había sido debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia, y Familia y Minoridad. Aquel trabajo concluyó con un dictamen de mayoría que proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, establecer penas máximas de hasta 15 años y contemplar sanciones alternativas para condenas menores, como trabajos comunitarios, restricciones y reparaciones económicas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, quien encabezó el debate en Legislación Penal y hoy integra La Libertad Avanza, explicó que será necesario reconstituir las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad para volver a convocar al plenario. La finalización del período parlamentario anterior hizo que el dictamen perdiera estado legislativo, pese a haber sido el resultado de ocho meses de trabajo y consenso entre 12 proyectos de distintos bloques.
Con este nuevo impulso, el oficialismo busca que la iniciativa vuelva a ser discutida en el Congreso durante el actual período de extraordinarias, en un debate que anticipa posiciones encontradas y fuerte repercusión política y social.
