Este martes volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública un debate sensible y complejo: la baja de la edad de imputabilidad. La novedad fue la confirmación de que el Gobierno nacional buscará tratar el tema durante las sesiones extraordinarias de febrero, con la intención de reducirla a los 13 años. Para analizar el alcance de esta propuesta, La Mañana de Info dialogó con el juez Gastón Merino, quien aportó una mirada jurídica y ciudadana, y fue contundente en sus advertencias.
“Me parece que esta vez el proyecto junta los porotos”, expresó Merino al comenzar la entrevista, en referencia al contexto político actual y a la posibilidad real de que avance en el Congreso. En ese sentido, fue claro: “Es grave. En términos jurídicos es regresivo en muchísimos aspectos, pero sobre todo en el núcleo de la cuestión, que es la edad”.
Actualmente, la edad de imputabilidad en Argentina está regulada por el decreto-ley 22.278, vigente desde 1982, que fija los 16 años como límite, con un régimen especial hasta los 18. El nuevo proyecto oficial propone llevar ese umbral a los 13, mientras que otra iniciativa del PRO lo plantea en 14. Para el magistrado, el problema no es discutir la norma, sino hacia dónde se orienta el debate.
“Actualizar la ley no implica necesariamente bajar la edad de imputabilidad”
“No podemos legislar con una ley de hace 44 años, eso es cierto”, explicó Merino. “El adolescente de 1982 no es el mismo que el de hoy: está atravesado por otras problemáticas, fundamentalmente el consumo, la tecnología y la virtualidad”. Sin embargo, marcó una diferencia clave: “Actualizar la ley no implica necesariamente bajar la edad de imputabilidad”.
Durante la charla, el juez advirtió sobre un “clima de época” que parece acompañar la decisión política. “Desde 2005 para acá, la tribuna popular empezó a mirar esto con menos resistencia, y eso preocupa”, señaló, y recordó que históricamente la academia, la ciencia jurídica y buena parte del Poder Judicial se manifestaron en contra de reducir la edad penal.
Merino también cuestionó el enfoque punitivo del proyecto. “Este es un proyecto que pone el acento en el castigo, no en la comprensión de la trama juvenil”, sostuvo. Y fue más allá: alertó sobre la contradicción entre endurecer el sistema penal juvenil mientras se desmantelan políticas públicas vinculadas a la niñez y las adicciones. “Si vos desarmas los organismos que trabajan la prevención, la salud mental y la infancia, ¿cuál es el objetivo real?”, se preguntó.
El día después de la sanción de la ley
Otro punto central que destacó es el impacto concreto que tendría la medida en las provincias. “Los sistemas prepenitenciarios y penitenciarios de menores ya están colapsados. Esta ley va a sufrir el decaimiento natural de toda ley nueva, y las provincias van a quedar aplicando parches, con recursos que no existen”, advirtió.
Finalmente, Merino dejó una reflexión que atravesó toda la entrevista, parafraseando al presidente Milei y sus declaraciones: “Que el que las hace las pague es una consigna que debe cumplirse, pero no puede ser a cualquier precio. Sin políticas de Estado integrales, bajar la edad no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, puede agravarlo”.
