A pocos días de que el Congreso trate el proyecto en sesiones extraordinarias, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un duro comunicado. Los obispos advirtieron sobre la crisis en los centros de reclusión y pidieron políticas de prevención en lugar de castigos.
En un clima de creciente debate político, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) fijó este sábado una postura contundente frente al proyecto oficial que busca reducir la edad de imputabilidad penal en el país. Bajo el título “Más oportunidades que penas”, la cúpula de la Iglesia Católica llamó a los legisladores a realizar un abordaje “integral y humano” que no se limite únicamente al castigo.
El documento, firmado por la Comisión Ejecutiva que integran los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, plantea interrogantes directos sobre la capacidad del Estado para gestionar la delincuencia juvenil.
“¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja?. ¿En serio creemos que la cárcel es la solución?”, cuestionó el Episcopado, haciendo hincapié en la realidad crítica que atraviesan actualmente los establecimientos penitenciarios argentinos, los cuales, según sugieren, no garantizan la reinserción social.
Críticas a la “simplificación” del debate
Para la Iglesia, centrar la discusión casi exclusivamente en la edad de los menores es una respuesta simplista ante una problemática compleja que involucra fallas en la familia, la escuela y el Estado. El escrito advierte que el foco en la sanción deja en segundo plano lo realmente necesario: acompañar y educar.
En el marco de los 150 años de la presencia salesiana en el país, la CEA insistió en fortalecer políticas comunitarias que construyan futuro en lugar de debates que “profundizan divisiones”.
Un llamado al Estado presente
El comunicado concluye con un pedido de responsabilidad compartida, afirmando que la verdadera prevención nace de “familias acompañadas y un Estado presente”. Para los obispos, un régimen penal juvenil debe estar siempre “abierto a la esperanza” y no resignarse a perder a los jóvenes en el sistema carcelario.
Con este pronunciamiento, la Iglesia busca presionar para que el tratamiento parlamentario en las próximas sesiones extraordinarias incluya una mirada más amplia sobre las causas de la vulnerabilidad juvenil.
