El Gobierno peruano dio luz verde al traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como el autor de los femicidios de tres jóvenes. El acusado enfrentará en Argentina cargos por homicidio agravado con alevosía y violencia de género.
Tras un prolongado proceso diplomático y judicial, el Gobierno de la República del Perú oficializó este sábado la concesión de la extradición de “Pequeño J”. El sujeto es el principal requerido por la justicia argentina para responder por el brutal asesinato de tres jóvenes ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela.
La medida fue ratificada mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, que lleva la firma del presidente peruano José Enrique Jerí Oré y fue publicada este 30 de enero en Lima. El documento formaliza el traslado del imputado, quien deberá sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar una de las carátulas más gravosas del Código Penal argentino.
Valverde Victoriano está procesado por los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). El expediente lo acusa de: “Homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.
Requisitos y garantías del traslado
El dispositivo legal establecido por las autoridades peruanas, bajo las firmas del Ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, y el Canciller, Hugo De Zela Martínez, impone condiciones estrictas para la entrega. Previo al traslado, se verificará que el acusado no tenga procesos penales abiertos ni condenas por cumplir en Perú. De existir tales compromisos, la entrega será aplazada. El Estado argentino garantizó que se computará como tiempo de condena el periodo que el detenido pasó privado de su libertad en territorio peruano durante el trámite de extradición.
El triple crimen de Florencio Varela marcó un hito de dolor en la provincia de Buenos Aires por la extrema violencia y la juventud de las víctimas. Con la llegada de “Pequeño J” al país, la justicia argentina busca cerrar una etapa de impunidad y dar respuesta a los familiares de Gutiérrez, Del Castillo y Verdi, quienes esperan el inicio del juicio oral.
