En un movimiento que sitúa a España a la vanguardia de la regulación digital en la Unión Europea, el Gobierno ha confirmado que avanzará con la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, busca frenar el impacto negativo de los algoritmos y los contenidos nocivos en la salud mental y la seguridad de los adolescentes.
“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieron haber abandonado”, declaró Sánchez, subrayando que el Estado no dudará en defender su “soberanía digital”. El plan no solo contempla la restricción de edad, sino también una ofensiva legal: el Ejecutivo trabajará estrechamente con la Fiscalía para investigar y, de ser necesario, enjuiciar a gigantes como TikTok, Instagram y Grok por la gestión de sus algoritmos y la difusión de mensajes ilegales.

El “espejo” australiano
España sigue los pasos de Australia, que el pasado diciembre hizo historia al convertirse en el primer país en implementar una prohibición similar. En el país oceánico, la normativa obliga a las plataformas a eliminar las cuentas de menores de 16 años bajo amenaza de multas millonarias que alcanzan los 33 millones de dólares estadounidenses. Este precedente ha servido como catalizador para que otros gobiernos occidentales cuestionen el poder de las Big Tech.
La respuesta de la industria: “Protegerlos en el mundo digital, no del mundo digital”
No todas las plataformas han recibido la noticia con resignación. YouTube ha liderado la respuesta crítica, argumentando que una prohibición tajante podría ser contraproducente. En declaraciones, la compañía detalló los riesgos de esta regulación; YouTube sostiene que, al prohibir el acceso, los jóvenes abandonarán las herramientas supervisadas (como YouTube Kids) para usar cuentas de adultos o navegar de forma anónima, quedando más expuestos. También agregó que la plataforma destaca su valor diferencial frente a las redes sociales tradicionales. Con un 94 % de docentes utilizándola y un 74 % de adolescentes europeos empleándola para estudiar, aseguran que una prohibición generalizada dañaría el aprendizaje. Por último YouTube recalca que su modelo es principalmente de streaming y cultura, no de interacción social pura, por lo que piden que las leyes se basen en evidencias y no en restricciones totales.

| Postura del Gobierno | Postura de las Plataformas (YouTube) |
| Protección absoluta mediante restricción de acceso. | Mejora de controles parentales y límites de funciones. |
| Persecución legal de algoritmos dañinos. | Fomento de la educación y el contenido cultural. |
| Prioridad: Soberanía digital y seguridad infantil. | Prioridad: Mantener a los menores en entornos supervisados. |
El debate está servido en las cortes españolas, donde se espera que la normativa enfrente tanto un intenso escrutinio técnico como el desafío logístico de la verificación de edad sin vulnerar la privacidad de los usuarios.
