El relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se conoce en pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad. El 80% de los jóvenes atraviesa procesos sin privación de la libertad.
Un nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) arrojó luz sobre la situación de la infancia y la adolescencia frente a la ley penal en Argentina. Al cierre de 2024, el sistema contabilizó un total de 4.119 niños, niñas y adolescentes vinculados a causas penales, una cifra que llega al Congreso en un momento clave de discusión legislativa sobre el régimen penal juvenil.
Una de las conclusiones más relevantes del informe es que la gran mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley no se encuentran tras las rejas. Ocho de cada diez menores (el 78,8%) cumplen medidas penales en el territorio, bajo programas de acompañamiento y supervisión sociocomunitaria.
Distribución de la población juvenil penal:
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3.249 jóvenes con medidas en territorio (sin encierro).
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865 alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad.
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4 con prisión domiciliaria.
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1 sin datos de modalidad.
Pese a que la tendencia general de casos es descendente, el CNPT advirtió una leve suba en la cantidad de menores bajo regímenes de privación de la libertad en comparación con periodos anteriores.
El informe detalla que la mayoría de las causas penales están vinculadas a delitos contra la propiedad. Contra la propiedad el 57,1%, contra las personas el 13,9% y delitos contra la integridad sexual el 7,5%
Geográficamente, la presión del sistema de encierro no es uniforme. La tasa nacional es de 1,8 jóvenes por cada 100.000 habitantes, pero tres distritos superan ampliamente este promedio: Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, las dos primeras provincias mencionadas concentran el 75% de los menores bajo encierro en el país.
La polémica de los “no punibles”
Un dato sensible que resalta el organismo es la presencia de 48 niños de entre 12 y 15 años dentro del sistema penal juvenil, de los cuales 44 se encuentran en lugares de encierro. El informe advierte que, bajo la ley vigente, estos menores son considerados no punibles. Por lo tanto, no deberían estar en dispositivos penales, sino bajo la tutela de organismos de protección integral de derechos.
El informe también revela que el 60% de los adolescentes en encierro tienen entre 16 y 17 años. Sin embargo, existe una cifra significativa de jóvenes que continúan en estos dispositivos tras haber cumplido la mayoría de edad: más del 30% de quienes permanecen encerrados ya son mayores de 18 años, cumpliendo medidas judiciales pendientes.
Estructura del sistema en números
El país cuenta con 174 dispositivos para el abordaje penal juvenil:
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99 vinculados al encierro: (63 de privación de libertad, 27 de restricción y 9 de aprehensión especializada).
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75 destinados a medidas en territorio.
