En una sesión extensa, atravesada por fuertes cruces políticos y maniobras reglamentarias, el oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que había llegado con media sanción del Senado. La iniciativa fue votada en general con 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones.
El texto sufrió una modificación de último momento: se eliminó el artículo vinculado a las licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados tanto en el ámbito sindical como en la opinión pública. Al haber sido modificado, el proyecto deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva. La Libertad Avanza aspira a convertirlo en ley antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso.
La votación se concretó tras un “poroteo” ajustado y una estrategia del oficialismo orientada a garantizar el quórum con el respaldo de bloques aliados y espacios provinciales. A los 95 diputados libertarios se sumaron legisladores del PRO, la UCR, el MID y representantes de fuerzas provinciales de Salta, Misiones, San Juan, Tucumán, Catamarca y Santa Cruz. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros bloques minoritarios.
Desde el inicio del debate, la oposición advirtió que, una vez abierto el recinto, el oficialismo contaba con los números necesarios para avanzar. De hecho, varios diputados que aportaron quórum terminaron votando en contra del proyecto, lo que generó críticas internas y acusaciones cruzadas. Legisladores de Unión por la Patria apuntaron especialmente contra gobernadores peronistas que facilitaron el inicio de la sesión.
La jornada tuvo momentos de alta tensión cerca de las 22, cuando una moción para devolver el proyecto a comisión expuso la ausencia momentánea de diputados oficialistas en el recinto, dejando la sesión sin quórum técnico. Tras reclamos y discusiones en el estrado, el oficialismo recompuso su presencia y avanzó hacia la votación final.
Los principales cambios de la reforma
Más allá de la eliminación del artículo sobre licencias médicas, la reforma introduce modificaciones profundas en el régimen laboral vigente.
Convenios colectivos: Se priorizan los acuerdos por empresa o región por sobre los convenios sectoriales. Además, se elimina la ultraactividad, lo que implica que los convenios vencidos dejarán de prorrogarse automáticamente si no hay uno nuevo firmado.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo para asistir a las empresas en el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas y las MiPyMEs el 2,5%. Esos recursos actualmente se destinan al sistema previsional, lo que abre interrogantes sobre su impacto en el financiamiento de las jubilaciones.
Indemnizaciones por despido: Se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios. Se fijan topes máximos y mínimos y se habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones determinadas judicialmente.
Vacaciones: Se permite fraccionarlas en períodos no menores a siete días corridos, dentro de un rango que va del 1 de octubre al 30 de abril, con posibilidad de acuerdos fuera de ese período.
Banco de horas: Se habilita la compensación de horas extras mediante acuerdos escritos, con posibilidad de implementar sistemas de banco de horas y redistribución de jornadas, siempre respetando descansos mínimos.
Trabajadores de plataformas: Se crea la figura del “repartidor independiente” y se establece que el vínculo con la empresa no constituye relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
Derecho a huelga: Se amplía el listado de servicios esenciales, incluyendo la educación, y se establecen porcentajes mínimos de funcionamiento (75% para esenciales y 50% para “trascendentales”) durante medidas de fuerza. También se exige autorización previa del empleador para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Blanqueo laboral: Se prevé la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes para empleadores que regularicen trabajadores no registrados y una reducción de cargas patronales del 8% para nuevas registraciones.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a “modernizar” el mercado laboral y reducir la litigiosidad. La oposición, en cambio, advierte que varias de las modificaciones implican una reducción de derechos adquiridos y un cambio en el equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores.
Con el proyecto nuevamente en manos del Senado, el debate político continuará en los próximos días, en un escenario de alta sensibilidad social y sindical.
