Una nueva presentación judicial volvió a poner en el centro del debate al rol de los progenitores en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, tras una denuncia presentada ante un Juzgado de Familia de Santiago del Estero por una mujer contra su expareja, un empleado público residente en Loreto e hijo de un concejal local.
La madre de una niña de 5 años solicitó que la Justicia tenga en cuenta la totalidad de los ingresos reales del padre para calcular la cuota alimentaria, incluyendo bonos, sumas no remunerativas y cualquier ingreso extraordinario, como el denominado “Inicio de Ciclo Lectivo” otorgado por el Gobierno provincial para gastos escolares, que según la presentación el hombre se habría negado a transferir a su hija.
El demandado actualmente abona apenas el 20 % de su salario en blanco, aproximadamente $261.000, como cuota alimentaria, sumando además el adicional por cónyuge. Sin embargo, la mujer, representada por la abogada María Florencia Gómez, sostiene que el cálculo actual no refleja la verdadera capacidad económica del progenitor, debido a ingresos que no fueron considerados, como percepciones extraordinarias y actividades económicas paralelas.
En el escrito se menciona que el hombre, además de su empleo público, desarrolla actividades como préstamos de dinero, venta de seguros y producción agrícola en Nueva Francia, así como presuntas actividades empresariales junto a su padre. La parte actora argumenta que esas fuentes de ingresos tampoco se están incluyendo en la base de cálculo de la cuota.
La abogada de la madre sostuvo que esta interpretación desconoce “el carácter preferente y de orden público del crédito alimentario”, y pidió que se evalúe la capacidad económica real del demandado para adecuar la cuota alimentaria en función de todos sus ingresos, no solo del salario formal declarado.
Además de la controversia por la inclusión de bonos y sumas no remunerativas, la demanda menciona incumplimientos en el pago de gastos extraordinarios acordados en audiencia, así como presuntos incumplimientos del régimen de comunicación entre padre e hija.
Este caso se suma a la discusión más amplia sobre cómo deben considerarse los ingresos dentro de las obligaciones alimentarias, especialmente cuando existen sumas no remunerativas o beneficios extraordinarios. Aunque no es el primer reclamo de este tipo, la negativa del padre a transferir parte del bono escolar de su hija avivó la polémica sobre las responsabilidades paternas y el enfoque judicial para proteger los derechos de los menores.
