Mediante un fallo que podría poner en jaque la política económica de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia rechazó los aranceles masivos impuestos por el presidente Donald Trump. El mandatario había impulsado leyes de “emergencia nacional”, pero el máximo tribunal envió un mensaje claro: la seguridad nacional no es un cheque en blanco para reescribir la economía global.
El fallo se centra en el uso de herramientas legales diseñadas para crisis extremas, que la administración Trump utilizó para sostener su agresiva política proteccionista desde el inicio de su segundo mandato.
La decisión de la Corte no solo tiene implicancias jurídicas, sino que desmorona la arquitectura financiera proyectada por el Ejecutivo. Se esperaba que los gravámenes aportaran billones de dólares en la próxima década para reducir la deuda pública estadounidense, pero ahora, ese ingreso queda en el aire.
El fallo representa una bocanada de aire para los importadores y el consumidor final. Pues, los aranceles habían generado que las empresas trasladaran los costos extra directamente a los precios, alimentando la inflación.
El fin de la “incertidumbre arancelaria” bajo esta figura legal podría estabilizar la producción de empresas que dependen de insumos extranjeros.
La economía global, que ya se había fragmentado para adaptarse al proteccionismo de Washington, recibe este fallo como un punto de inflexión. Aunque esto no significa el fin del “America First”, sí obliga a la administración Trump a buscar vías legales más tradicionales (y lentas) para imponer barreras comerciales.
El pulso institucional: El fallo demuestra que el sistema de pesos y contrapesos sigue operativo. En un mundo de líderes fuertes y medidas unilaterales, la justicia estadounidense recordó que el comercio internacional también tiene reglas de juego internas.
