En una intervención de casi 30 minutos que combinó doctrina jurídica con una férrea defensa de las autonomías provinciales, el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fundamentó su rechazo al nuevo Régimen Penal Juvenil. Para el legislador santiagueño, la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años no solo es un “error de laboratorio”, sino una herramienta de “populismo punitivo” que nace destinada al fracaso judicial.
Zamora calificó la iniciativa como una “ley manifiesto”, diseñada para generar un impacto comunicacional pero desconectada de la realidad operativa de las provincias. “Se nos fue la mano con 13 años, negociamos con los aliados y pongámosle 14; listo, otra ley exitosa para mostrar reformas”, ironizó el senador, cuestionando la falta de consenso con especialistas y organizaciones como la Iglesia Católica, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, quienes manifestaron un rechazo unánime.
La advertencia por la inconstitucionalidad sistemática
El eje central de su postura fue la denuncia de que la norma avasalla facultades no delegadas. Zamora pidió incluir en el acta un informe detallado sobre 35 artículos que considera inconstitucionales por invadir materias procesales locales.
Cuestionó que la ley pretenda imponer a los jueces provinciales formalidades de imputación, plazos de celeridad y hasta sanciones disciplinarias (Art. 5 y 38). Criticó la pretensión de aplicar el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones (Art. 47): “A alguien se le ocurrió tomar legislación de un país unitario y no se acordó que estamos en un país federal”.
Más allá de lo legal, el senador advirtió sobre la “trampa financiera” que la ley representa para las arcas del interior. Denunció que se imponen cargas de gasto concretas para infraestructura y equipos interdisciplinarios con un presupuesto “exiguo”, lo que genera un mandato de gasto no financiado que colisiona con el principio de correspondencia fiscal de la Constitución.
Santiago del Estero como modelo de gestión
Para cerrar, Zamora contrapuso la “solución fácil” del Gobierno con el trabajo que se viene realizando en su provincia. Mencionó la ley provincial de 2022 y el centro NEXO, premiado a nivel nacional, como prueba de que las provincias ya invierten en políticas integrales de niñez. “Bajar la edad de imputabilidad no es bajar el delito”, sentenció, asegurando que su voto no es por oposición sistemática, sino por defensa de la autonomía santiagueña frente a una ley que considera una “frustración colectiva” en puerta.
Ver esta publicación en Instagram
