Según publicó el diario La Nación, peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal detectaron en dispositivos secuestrados borradores de un “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025, apenas dos semanas antes del lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA.
Los documentos aparecieron en al menos uno de los equipos electrónicos incautados por el fiscal federal Eduardo Taiano al lobista argentino Mauricio Novelli, señalado como uno de los protagonistas centrales del escándalo. De acuerdo con el matutino, Novelli mantenía un vínculo cercano con el Presidente desde la pandemia y, tres meses antes del estallido del caso $LIBRA, se habría reunido con él en la Quinta de Olivos para proponerle “monetizar la imagen presidencial”.
El hallazgo fue informado en un dictamen del 9 de enero por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que reportó la existencia de varias copias del borrador del acuerdo, en intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir una versión final previa a una eventual firma presidencial.
La revelación choca de frente con las declaraciones públicas de Milei, quien negó en reiteradas entrevistas haber firmado un acuerdo con Davis y buscó despegarse de la operatoria del criptoactivo. Sin embargo, siempre evitó cuestionar al empresario estadounidense y a los otros involucrados, entre ellos Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
El 30 de enero de 2025 —fecha clave en la investigación— Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Según registros financieros incorporados a la causa y citados por La Nación, el empresario transfirió US$499.999 a una billetera virtual en el horario exacto del encuentro. Cuarenta y dos minutos después giró una suma similar. Ese mismo día, las transferencias totalizaron US$3,9 millones que terminaron en cuentas vinculadas a Novelli y Terrones Godoy.
A partir de la información técnica incorporada al expediente, Taiano solicitó formalmente a la Casa Rosada que informe si existe ese “acuerdo confidencial” y si obran copias en el ámbito presidencial. La consulta fue dirigida a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, dependiente de la Secretaría General que conduce Karina Milei.
Hasta ahora, el Presidente y su entorno han negado tanto la existencia del acuerdo como la posesión de cualquier copia, incluso ante pedidos de acceso a la información pública. También rechazaron tener la “carta de intención” que Milei habría firmado en agosto de 2024 con la plataforma Cube Exchange, según confirmó esa empresa al propio diario.
El peritaje reveló además múltiples obstáculos: mensajes, archivos y conversaciones completas fueron eliminados de los dispositivos analizados. Los peritos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo informaron que numerosas comunicaciones aparecían con el símbolo de “papelera” o “eliminado”, y que solo pudieron recuperar parte del contenido mediante extracción forense.
Entre los intercambios borrados figuran conversaciones entre Novelli y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien tras el escándalo denunció públicamente que le habrían pedido sumas de cinco cifras en dólares para gestionar una reunión con el Presidente durante un foro tecnológico.
También desaparecieron chats grupales entre Novelli, Terrones Godoy y Morales. En paralelo, Davis llegó a jactarse ante allegados de “controlar” al Presidente y de enviarle dinero a su hermana Karina, afirmaciones que constan en una demanda colectiva presentada en Nueva York, aunque hasta el momento no han sido probadas judicialmente.
El dictamen de la Datip expuso, además, que la relación entre Novelli y Milei sería previa al estallido del caso: en los dispositivos se hallaron archivos en video de 2021 en los que aparece el entonces diputado, así como registros de reuniones por Zoom en las que participaron Milei y su hermana.
El cuadro que surge —borradores de acuerdos, transferencias millonarias el día de una reunión oficial y comunicaciones eliminadas— profundiza las dudas sobre el rol presidencial en el caso $LIBRA. Mientras la investigación avanza, la pregunta ya no es solo si existió un acuerdo confidencial, sino qué sabía el Presidente y cuándo lo supo.
