La investigación sobre los traslados del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia sumó este viernes medidas de alto impacto. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas y personas sospechadas de haber financiado vuelos privados a Uruguay, buscando determinar si existió un beneficio indebido o incompatibilidad de funciones.
La lupa judicial se posó sobre la firma IMHOUSE S.A., propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (quien actualmente se desempeña en la TV Pública). Según el expediente, esta productora habría abonado una factura de USD 4.830 por un traslado a Punta del Este el pasado 12 de febrero. Sin embargo, la cifra bajo investigación es mucho mayor: la Justicia rastrea un “paquete” de vuelos que ascendería a más de USD 42.000.
Las claves de la investigación
El magistrado busca reconstruir el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron de productoras con contratos estatales bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Lijo solicitó informes sobre la capacidad financiera de IMHOUSE S.A. para costear estos viajes y su vinculación con la Televisión Pública. Se pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que informe si el viaje tuvo carácter oficial o si se asignaron viáticos y pasajes desde el Estado.
La Justicia también ordenó acceder a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a quien grabó el video de Adorni embarcando. En Balcarce 50 sospechan de una delegada sindical vinculada a la oposición.
Internas y desconfianza
En el entorno de Manuel Adorni el clima es de máxima tensión. Desconfían de la velocidad del juez Lijo y vinculan el avance de la causa a las internas del Gabinete. Cabe recordar que este escándalo estalló tras conocerse un viaje previo a Nueva York donde participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el avión presidencial, lo que ya estaba siendo analizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La difusión de las facturas y el “timing” de la aparición de los videos sugieren, para algunos sectores del Gobierno, una maniobra dirigida a debilitar la figura del Jefe de Gabinete en su momento de mayor exposición.
