A través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei prohibió por tiempo indeterminado el ingreso a estadios de fútbol de todo el país a un grupo de manifestantes que participaron en las protestas de febrero contra la reforma laboral.
Las disposiciones, que llevan los números 256, 258, 259, 260 y 265 del año 2026, cuentan con la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El fundamento central de la medida es la necesidad de “neutralizar situaciones de riesgo” en espectáculos deportivos, aplicando el derecho de admisión de manera preventiva.
Lo llamativo de la sanción es que los incidentes que la originaron no ocurrieron en un ámbito deportivo, sino durante las movilizaciones frente al Congreso Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad se ampara en una modificación normativa de marzo de 2025, la cual facultó a la cartera para imponer restricciones de concurrencia a quienes incurran en conductas violentas en manifestaciones públicas, independientemente del lugar de los hechos.
Según los informes de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, esta “pena” administrativa se aplica sin perjuicio de las causas penales que cada manifestante pueda enfrentar en la justicia ordinaria.
Los puntos más críticos de esta política incluyen la falta de pruebas, dado que muchos de los manifestantes señalados fueron liberados a los pocos días por inexistencia de delitos probados.
Además, se denuncia que el uso del sistema de “tribuna segura” como castigo para manifestantes políticos funciona como una herramienta de disuasión para evitar futuras movilizaciones.
La restricción se impone administrativamente por el Ministerio, sin necesidad de una condena judicial previa.
La ministra Monteoliva justificó la decisión como una forma de reforzar la prevención de agresiones en eventos masivos. Al aplicar estas restricciones por plazo indeterminado, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de seguridad donde las conductas en la vía pública tengan consecuencias directas sobre el acceso a actividades de esparcimiento, como el fútbol, en todo el territorio nacional.
