Los abogados Mariana y Néstor Oroño, representantes del menor, confirmaron que el caso se rige por la Ley 22.278, la cual establece que la punibilidad en Argentina comienza a los 16 años. Al tener 15, el joven no puede recibir una condena de prisión convencional. Actualmente, se encuentra alojado en un centro especializado en la ciudad de Santa Fe, donde se aplicarán medidas tutelares. En los próximos días, una audiencia determinará si su régimen de retención será cerrado, semiabierto o abierto, basándose en su peligrosidad y necesidades terapéuticas.
Un trasfondo de salud mental complejo
La defensa aportó datos clave para intentar comprender el ataque. El joven fue descrito como una persona “muy callada y ensimismada”. Según trascendió, ya recibía asistencia psicológica antes del episodio y presentaba antecedentes de autolesiones. Si bien su padre negó tener conocimiento de situaciones de bullying, los investigadores mantienen abierta esa hipótesis. Además, los abogados señalaron que la separación de sus padres habría generado un impacto emocional significativo en su estabilidad.
La investigación sobre el arma
Un eje central de la causa paralela es determinar cómo el menor tuvo acceso a la escopeta y logró ingresarla al establecimiento educativo dentro de un estuche de guitarra. La Justicia santafesina apunta a una posible negligencia de los adultos responsables. Se sospecha que el arma pertenecía al abuelo del adolescente, por lo que se busca establecer las responsabilidades penales que podrían recaer sobre los tutores por la falta de custodia del armamento.
Entre las próximas 48 a 72 horas se llevará a cabo la audiencia formal. El objetivo no es buscar una condena penal tradicional, sino formalizar los cargos para estructurar el tratamiento y el resguardo del menor. La comunidad educativa de San Cristóbal permanece en estado de shock mientras se aguardan definiciones sobre este caso que marca un antes y un después en la seguridad escolar de la región.
