En una maniobra que busca garantizar gobernabilidad judicial, el Ejecutivo habilitó el tratamiento de 60 pliegos de magistrados. Entre los beneficiados figuran el padre de Juan Bautista Mahiques, el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y la esposa del juez que investiga a Karina Milei por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Favores cruzados y prórrogas polémicas
El pliego que más polvo levantó es el de Carlos “Coco” Mahiques. El actual juez de Casación ya cumplió los 75 años —edad de jubilación obligatoria—, pero gracias a una gestión directa de su hijo ante el Gobierno, consiguió que Javier Milei solicite una prórroga excepcional para que permanezca cinco años más en el cargo. El “clan Mahiques” busca así retener el control en el máximo tribunal penal del país, clave para las causas de corrupción.
La esposa del juez de los Milei y el hijo de Rosatti
Otro nombre que encendió las alarmas es el de Ana Juan, propuesta para un juzgado federal en Hurlingham. Se trata de la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la presunta estafa con la cripto $LIBRA, causa que roza directamente a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En ámbitos parlamentarios, el ascenso se interpreta como un intento de “comprar benevolencia” en el expediente.
A esta lista se suma Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien fue propuesto para integrar un tribunal oral federal en Santa Fe. También figura María Julia Sosa, secretaria de confianza del juez Julián Ercolini, postulada para un tribunal en La Plata.
¿Transparencia o discrecionalidad?
El envío de estos pliegos coincidió curiosamente con la presentación de un proyecto de la Corte Suprema (firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) para cambiar el reglamento de selección de jueces y evitar la “arbitrariedad”. Sin embargo, la inclusión de parientes y allegados en esta tanda de nombramientos parece dinamitar el relato de transparencia, dejando al descubierto las históricas prácticas de la “familia judicial”.
Desde el Gobierno argumentan que estos pliegos ya habían sido sugeridos en gestiones anteriores y que solo se busca cubrir las más de 200 vacantes en los juzgados federales. No obstante, la oposición en el Senado mira con lupa estas designaciones, que se tratarán en audiencia pública a partir del próximo 16 de abril.
