La sobredosis del médico Alejandro “Alito” Salazar destapó una red de anestesiólogos que sustraía fármacos de alta complejidad para eventos clandestinos. La organización realizaba “sedaciones conscientes” y orgías químicas, contando incluso con equipos de reanimación manual para evitar fallecimientos en el lugar. Hay dos profesionales imputados.
El disparador: la muerte de “Alito” Salazar
El 20 de febrero, el cuerpo de Alejandro Salazar (32), residente del Hospital Gutiérrez, fue hallado en su domicilio. La autopsia confirmó una mezcla letal de propofol y fentanilo. Lo que alertó a los peritos fue el hallazgo de frascos con el sello del Hospital Italiano, drogas que tienen una trazabilidad estrictamente hospitalaria y cuya venta en farmacias está prohibida.
El propofol y el fentanilo no se consiguen en farmacias. Estos fármacos llegan directamente desde droguerías a hospitales y clínicas, donde se emplean en procedimientos quirúrgicos y sedaciones, bajo estricta vigilancia. Carlos Damin, director del Hospital Fernández, explicó en una entrevista con TN que el propofol “es un anestésico que, en dosis controladas, produce sueño y sedación”, y que el fentanilo “tiene una potencia analgésica muy fuerte y genera deterioro del estado de conciencia”. Ambos medicamentos poseen un rango terapéutico corto: una mínima diferencia en la dosis puede convertir un efecto terapéutico en uno tóxico o letal.
La mecánica del horror: “Ambucear” para sobrevivir
La investigación judicial, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, reveló que los fármacos robados se utilizaban en dos tipos de eventos:
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Fiestas sexuales: Donde se usaba propofol como desinhibidor químico extremo.
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Turismo psicodélico: “Viajes” de sedación consciente vendidos a clientes externos.
Dada la peligrosidad de las drogas (el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína), la red contaba con personas equipadas con un ambú (resucitador manual). Si un participante dejaba de respirar, aplicaban maniobras de reanimación, una práctica que cínicamente denominaban “ambucear”.
Profesionales bajo la lupa
El Hospital Italiano desplazó de sus cargos al anestesiólogo Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse. Ambos ya fueron indagados por la justicia. Aunque el caso tiene tintes de narcotráfico, actualmente se investiga como “administración fraudulenta”, ya que el propofol no figura técnicamente en el listado de estupefacientes de control federal, lo que genera un vacío legal que la querella intenta sortear.
La respuesta institucional
El propio comunicado del Hospital Italiano reconoció el “robo de estupefacientes” en el área de anestesiología y detalló que se tomaron medidas inmediatas, tanto administrativas como judiciales. Ninguna de las personas involucradas continúa desempeñando funciones en la institución. A la par, se reforzaron los controles internos sobre la gestión de medicamentos y se trabaja en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar y prevenir casos similares en otros centros de salud.
Mientras la causa por la muerte de Salazar avanza por carriles separados, la imputación contra Boveri y Lanusse marca un precedente sobre la vulnerabilidad de los controles en los quirófanos más importantes del país.
