La tragedia de Martín Maldonado, el financista hallado muerto el pasado 2 de marzo en el barrio privado El Timbó, ha derivado en un complejo rompecabezas judicial y financiero que sacude a Santiago. Lo que inicialmente se reportó como un suicidio en el country ubicado entre Los Romano y Villa Robles, hoy es el epicentro de una investigación por presunto lavado de activos y una disputa por más de medio millón de dólares convertidos a criptomonedas.
Maldonado presidía desde 2025 una consultora financiera en calle 24 de Septiembre, registrada en Bolsa. Sin embargo, las pesquisas indican que el empresario operaba una estructura paralela: una “mesa de dinero” que ofrecía rendimientos del 2,5% mensual en dólares, una cifra que duplica las tasas bancarias actuales.
Los puntos clave del escándalo
El misterio se acrecienta con la aparición de bienes y movimientos que no figuran en los registros oficiales de la firma. Se detectó que Maldonado habría pagado parte de un departamento en el país vecino y adquirido una camioneta 0 kilómetro a nombre de la empresa, cuya venta nunca fue ingresada a las arcas de la sociedad.
Tras su muerte, numerosos acreedores intentaron reclamar sus divisas. No obstante, muchos no pueden justificar el origen de los fondos, lo que los llevó a enviar cartas documento pidiendo la devolución en pesos para evitar el radar de la UIF (Unidad de Información Financiera).
La “caja de Pandora” digital
Todas las miradas están puestas en una notebook que contendría el registro de los inversores y, fundamentalmente, la clave de las billeteras virtuales donde se encontraría el capital remanente en criptomonedas.
Los integrantes de la consultora han desestimado formalmente las intimaciones de pago, alegando que esos contratos nunca ingresaron a los libros de la firma. El socio supérstite, en su carácter de agente de bolsa, se encuentra bajo la obligación legal de denunciar estos reclamos ante las autoridades para determinar si se trata de maniobras de lavado.
Mientras la justicia avanza en la apertura de los dispositivos electrónicos, el “núcleo duro” de Maldonado y sus inversores aguardan con tensión. El paradero de los fondos y la legalidad de las operaciones realizadas en la oficina de la calle 24 de Septiembre mantienen en vilo a un sector del poder económico local que teme quedar expuesto ante la justicia federal.
