Con 37 firmas en comisiones, La Libertad Avanza se encamina a aprobar una reforma clave que delega el control de los recursos a las provincias y elimina el IANIGLA. El proyecto cuenta con el fuerte respaldo de la Mesa del Litio y sectores mineros.
En una jornada de intensas negociaciones parlamentarias, La Libertad Avanza (LLA) logró este martes el dictamen de mayoría para la nueva Ley de Glaciares. Con el apoyo del PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal, el oficialismo suma 37 firmas y asegura el quórum para la sesión de este miércoles a las 15:00, donde se estima que la ley se aprobará con unos 135 votos afirmativos.
La reforma representa un cambio de paradigma en la protección de los reservorios de agua dulce en Argentina, otorgando a las provincias la potestad de definir qué zonas glaciares y periglaciares son aptas para la actividad extractiva.
Los puntos más polémicos de la reforma
El proyecto, impulsado por la Casa Rosada en sintonía con gobernadores de provincias mineras, introduce modificaciones estructurales que han despertado fuertes críticas de sectores ambientalistas:
Federalización del control: La potestad de definir el impacto hídrico y la viabilidad de proyectos mineros en zonas sensibles pasará directamente a las provincias.
Eliminación del IANIGLA: La nueva ley disuelve el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo técnico que confeccionó el Inventario Nacional de Glaciares y que monitorea las reservas de agua que abastecen a millones de personas.
Ambiente Periglacial: Se redefine qué áreas cuentan con “función hídrica” efectiva, permitiendo potencialmente el avance de proyectos en zonas que hoy están protegidas por la normativa vigente desde 2010.
Respaldo de los Gobernadores y la Mesa del Litio
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue una de las voces más firmes en defensa de la ley durante el plenario. “Sin minería no va a haber futuro”, sentenció por teleconferencia, argumentando que la provincia cuenta con tecnología de avanzada para determinar la función hídrica de los suelos sin dañar el ecosistema.
Este avance legislativo es visto como el cumplimiento de un pacto político iniciado en diciembre pasado, donde los gobernadores mineros (Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy) comprometieron su apoyo a reformas nacionales a cambio de esta modificación en la normativa ambiental.
Denuncias por incompatibilidad
La jornada no estuvo exenta de tensión. El secretario de Minería, Luis Lucero, fue denunciado por asociaciones de abogados ambientalistas lideradas por Enrique Viale. Se le acusa de incompatibilidad en la función pública debido a su pasado reciente como asesor de grandes multinacionales mineras (como Glencore y Rio Tinto). Lucero desestimó las acusaciones y defendió el proyecto asegurando que “esto no es un ataque al IANIGLA” y que el objetivo es una mejor distribución del recurso.
