En una jornada marcada por un fuerte despliegue de seguridad y una creciente tensión política, la Cámara de Diputados dio inicio este miércoles al debate por la reforma de la Ley de Glaciares. El bloque oficialista, respaldado por una alianza estratégica con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales de perfil minero, logró sentar a 129 legisladores en sus bancas para habilitar el tratamiento de una iniciativa que ya cuenta con el aval del Senado.
La sesión, que arrancó pasadas las 15:00, tiene como eje central un proyecto que busca redefinir los límites de la protección ambiental en zonas de alta montaña, delegando en las provincias la facultad de decidir sobre sus áreas periglaciares.
El proyecto propone un cambio de paradigma en la tutela de los cuerpos de hielo. Los puntos que generan mayor fricción con las organizaciones ambientalistas y la sociedad civil son tres. El primero se debe a que la protección legal se limitará exclusivamente a los hielos que demuestren tener una incidencia directa y efectiva en la provisión de agua.
El segundo aspecto se refiere al control de las zonas periglaciares que pasará a manos de las provincias, lo que facilitaría la aprobación de proyectos mineros en áreas que hoy se encuentran resguardadas por la normativa nacional.
Pese a la resistencia, el oficialismo confía en alcanzar la sanción definitiva con un piso estimado de 135 votos positivos.
Para alcanzar el quorum, el Gobierno dependió de un “poroteo” ajustado donde los bloques provinciales jugaron un rol fundamental. Fuerzas como Innovación Federal (Salta y Misiones), Elijo Catamarca e Independencia (Tucumán) fueron decisivas. También sumaron su apoyo sectores de la UCR representados por Karina Banfi y Jorge Rizotti, además de legisladores de Santa Fe y Córdoba integrados en el espacio de Unidos.
En la vereda de enfrente, el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se mantuvieron firmes en no facilitar el inicio de la sesión, adelantando que votarán en contra del proyecto por considerarlo un retroceso ambiental peligroso.
Antes de entrar en el debate técnico de la ley, la oposición intentó desviar la agenda hacia dos temas que incomodan a la Casa Rosada. Por un lado, se buscó sin éxito tratar pedidos de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el uso de vuelos privados. Aunque los intentos de interpelación inmediata fracasaron, el arco opositor ya prepara el terreno para el 29 de abril, fecha en la que el ministro coordinador deberá presentarse ante la Cámara para rendir cuentas.
Por otra parte, el diputado Eduardo Valdés (UP) planteó la necesidad de declarar la neutralidad argentina frente a los conflictos bélicos en Medio Oriente. Valdés cruzó con dureza la retórica presidencial: “El presidente dice que estamos ganando la guerra, pero la Argentina no está en guerra”, sentenció, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de un alineamiento internacional explícito en zonas de conflicto.
