La Policía de la Provincia logró desarticular a una banda que cobraba “peaje” en la zona sur de la ciudad y que fue responsable de un violento episodio que tuvo como víctima a un sargento ayudante. Con dos nuevas detenciones concretadas en las últimas horas, son cuatro los sujetos tras las rejas por el brutal ataque ocurrido a mediados de marzo.
La causa, liderada por el fiscal Dr. Diego Cortez Ledesma, avanzó luego de allanamientos en tres viviendas de la ciudad Capital, en busca de los últimos implicados en un episodio que combinó la extorsión callejera con una violencia desmedida.
El hecho se desencadenó durante la noche del pasado 15 de marzo. El damnificado, un funcionario policial de 43 años, regresaba a su hogar luego de dejar a su hija en una vivienda del barrio Juan Díaz de Solís.
Mientras circulaba en su camioneta por la intersección de las calles Mar del Sur y 2 de Septiembre, se topó con un grupo de sujetos que le exigieron detenerse tras bloquearle el paso. Uno de ellos se acercó para exigirle que pagara un “peaje” para permitirle continuar su camino. El sargento se negó a ceder ante la extorsión, lo que desató la furia de los delincuentes.
Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria 11, los delincuentes intentaron apuñalarlo mientras estaba dentro del vehículo. Al no lograr su cometido con el arma blanca, iniciaron una lluvia de cascotazos y ladrillazos contra la camioneta.
Varios de los proyectiles impactaron directamente en el rostro del efectivo, provocándole múltiples fracturas óseas. Además de las graves lesiones físicas, el vehículo resultó con daños materiales de consideración producto del ensañamiento de la banda.
Las pesquisas policiales permitieron identificar a los agresores, quienes se movían con frecuencia en la zona sur de la ciudad. Bajo las órdenes del Dr. Cortez Ledesma, los efectivos realizaron allanamientos simultáneos que permitieron capturar a los sospechosos restantes.
Actualmente, los cuatro detenidos se encuentran a disposición de la Justicia, enfrentando cargos que podrían agravarse dada la condición de funcionario público de la víctima y la alevosía del ataque grupal.
