La justicia investiga si unos u$s70.000 aportados por empresarios del sector salud para el show de Milei en el Movistar Arena provienen de un esquema de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Piden indagatoria para Diego Spagnuolo y más de 20 empresarios por un desfalco de $75.000 millones.
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha escalado hasta golpear las puertas de la Casa Rosada. Un nuevo audio, difundido por el periodista Raúl Kollmann, revela una presunta conexión entre el financiamiento de la campaña de Javier Milei y una red de corrupción que operaba con medicamentos e insumos de alto costo.
Según la grabación, empresarios farmacéuticos bajo la lupa judicial habrían aportado u$s70.000 para costear el alquiler del Movistar Arena el pasado 6 de octubre de 2025. En aquel evento, el presidente presentó su libro y brindó un show musical, apenas días antes de las elecciones generales.
Insumos de alto costo y retornos millonarios
La Fiscalía sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se montó un esquema ilegal que drenó $75.478 millones de las arcas públicas. Los puntos clave de la maniobra son; el direccionamiento de compras, se habrían manipulado licitaciones de insumos PACBI (prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas). Las víctimas vulnerables; los fondos desviados pertenecían al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad y sin cobertura médica y el “Circuito del Dinero”, las empresas beneficiadas con contratos millonarios habrían pagado retornos (coimas) que luego, según se investiga, se habrían utilizado para financiar actos políticos del oficialismo.
Tras siete meses de recolección de pruebas, la Justicia ha solicitado el llamado a indagatoria para figuras centrales del organismo y del sector privado:
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Diego Spagnuolo: Director de la ANDIS y figura cercana al entorno presidencial.
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Daniel María Garbellini: Exfuncionario del organismo.
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Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian: Señalados como articuladores entre el sector público y las empresas proveedoras.
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Empresas: Más de 30 firmas están siendo investigadas por filtrar información privilegiada y coordinar precios para manipular las contrataciones.
La reacción del Gobierno
Desde el entorno de Javier Milei, han rechazado tajantemente estas acusaciones, calificándolas como “operaciones políticas” destinadas a desgastar la imagen presidencial en un año electoral. Sin embargo, la causa ya cuenta con 19 personas procesadas y el pedido formal para sumar a otros 20 involucrados.
Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas en la entrega de pensiones, se ha transformado en una causa de corrupción estructural que mezcla la salud de los más desprotegidos con el financiamiento de la alta política.
