Tras las denuncias por presuntos beneficios a funcionarios y legisladores, la entidad ratificó que no modificó los criterios de elegibilidad. Aseguran que todos los clientes, incluidos los del sector público, deben cumplir con los mismos requisitos de solvencia para acceder a la línea “+Hogares con BNA”.
En medio del escándalo que salpica a figuras de la política nacional, el Banco Nación Argentina (BNA) emitió un comunicado oficial este domingo para aclarar el funcionamiento de su línea de créditos hipotecarios. La entidad fue tajante: “No se ha modificado ningún criterio de elegibilidad ni se ha excluido a ningún grupo de clientes”.
La respuesta surge como un intento de desactivar las denuncias judiciales que señalan que funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza (LLA) habrían accedido a préstamos millonarios con facilidades inalcanzables para el resto de la población.
Para fundamentar su postura, el banco hizo pública la Reglamentación Nº 802, que detalla quiénes pueden acceder a la línea +Hogares con BNA. Según el documento, los beneficiarios son:
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Sector Público: Empleados en relación de dependencia del sector público nacional.
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Empresas Estatales: Personal de empresas con capital mayoritariamente estatal y del Grupo YPF.
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Haberes en el BNA: Cualquier cliente que perciba su sueldo a través de la entidad.
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Fuerzas Armadas: Empleados del Ministerio de Defensa tienen un beneficio específico: si el crédito es para vivienda única, se los exime del requisito de “residencia permanente” en caso de traslados oficiales.
Defensa oficial: “Mismas tasas para todos”
Tanto desde la conducción del banco como desde el Ejecutivo salieron a respaldar la transparencia del proceso. Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista, fue enfático: “No existe ningún tipo de acomodo; todos los solicitantes deben cumplir con los mismos requisitos de solvencia”.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este mensaje al asegurar que las tasas, los plazos y los montos máximos son idénticos para todos los usuarios, sin distinción de su cargo o filiación política.
A pesar de la desmentida oficial, la controversia persiste. Las denuncias que motivaron esta aclaración sostienen que, en la práctica, se habría facilitado el acceso a créditos de hasta u$s340.000 a personas con cargos políticos, mientras que el ciudadano común enfrenta tasas de rechazo cercanas al 80%.
La Justicia ahora deberá determinar si la aplicación de la Reglamentación 802 fue equitativa o si, como sostienen los denunciantes, existió una “vía rápida” para el entorno oficialista en un contexto de profunda restricción crediticia para la clase media argentina.
