En un nuevo avance dentro de la investigación por el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, el juez federal Daniel Rafecas solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un dirigente iraní de alto rango vinculado directamente a la planificación del ataque. La medida incluye el pedido a Interpol para que se active la alerta roja sobre Hejazi, con el fin de someterlo a declaración indagatoria tras ser identificado como una pieza clave en la estructura de inteligencia previa a la explosión del centro comunitario.
La investigación, liderada por el fiscal Sebastián Basso, sitúa a Hejazi como el presidente del denominado Comité Vijeh. Según la justicia argentina, este organismo estatal fue el encargado de recolectar y procesar la información de inteligencia estratégica hace más de 30 años para luego elevar la propuesta final de destruir la mutual judía en Buenos Aires. Un dato relevante en el contexto geopolítico actual es que Hejazi fue sindicado como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, quien fue asesinado en febrero pasado durante un ataque coordinado entre fuerzas de Estados Unidos e Israel.
A pesar de este nuevo pedido de captura, el juez Rafecas mantuvo una postura de cautela respecto al procesamiento de otros diez imputados iraníes y libaneses, entre los que se encuentran Ahmad Vahidi —actual comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria—, Alí Fallahijan y Mohsen Rabbani, entre otros. El magistrado rechazó el pedido de la fiscalía para procesarlos debido a que el Poder Judicial espera una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, herramienta con la que se busca juzgar a los sospechosos a pesar de su negativa a someterse a la justicia argentina.
Este movimiento judicial se complementa con la decisión tomada por Rafecas la semana pasada, cuando ordenó la desclasificación y publicidad de toda la información de inteligencia que permanecía con carácter de reservada y confidencial. En ese sentido, se libraron oficios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la Jefatura de Gabinete para ejecutar las medidas necesarias que permitan el acceso público a estos archivos, buscando aportar transparencia a una causa que, tras décadas de estancamiento, intenta reactivar la búsqueda de los responsables intelectuales y operativos.
