La investigación judicial por la presunta defraudación vinculada a una firma financiera local sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que el abogado querellante, Dr. Diego Lindow, confirmara que se encuentran en condiciones de presentar denuncias penales contra los socios de la empresa, tras detectar maniobras que podrían configurar delitos de estafa, retención indebida de fondos e incluso lavado de dinero.
El caso tomó estado público tras la muerte de Martín Maldonado, financista de 50 años hallado sin vida días atrás en el barrio privado El Timbó. La autopsia determinó que se trató de un suicidio y descartó la intervención de terceros. Sin embargo, a partir de ese hecho comenzaron a emerger reclamos de inversores que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero a la firma.
Inversiones millonarias y promesas de rentabilidad
Durante una entrevista en La Mañana de Info, el Dr. Lindow detalló uno de los casos que representa: un inversor que, tras la venta de un campo, habría colocado 200 mil dólares en la empresa “UM Inversiones”, mediante un contrato formal firmado con la sociedad y su entonces titular, Martín Maldonado.
Según explicó, el acuerdo contemplaba el pago mensual de intereses cercanos al 2%, lo que representaba unos 4.000 dólares mensuales. “Esos pagos se realizaban regularmente y estaban bancarizados, con transferencias identificables desde cuentas vinculadas a la empresa”, señaló el letrado.
La ruptura: falta de pago y negativa de la empresa
El conflicto se desencadenó cuando la firma dejó de abonar los intereses y no restituyó el capital invertido. Ante esta situación, la querella envió una carta documento exigiendo el cumplimiento del contrato.
La respuesta, según indicó Lindow, fue negativa. Desde la empresa se habría desconocido la operación, argumentando que el dinero no ingresó a sus cuentas y que no existían registros de los pagos efectuados. “Es una afirmación que contradice la evidencia, porque todo está documentado y bancarizado”, sostuvo.
Para el abogado, esta contestación constituye un elemento clave: “Con esta negativa se configura el engaño necesario para el delito de estafa”.
Oficinas vacías y domicilios inexistentes
Otro de los puntos que genera sospechas en la investigación es el repentino cierre de las oficinas comerciales de la firma. Según se indicó, la financiera operaba en un edificio céntrico, con estructura formal, personal administrativo y funcionamiento visible.
Sin embargo, al intentar ubicar a los responsables, los denunciantes se encontraron con un escenario distinto: oficinas desocupadas, cartelería removida y la constitución de un nuevo domicilio legal en una casilla de correo del Correo Argentino.
“Pretenden que una empresa que manejaba millones funcione desde una casilla postal. Eso dificulta cualquier reclamo y refuerza la hipótesis de que están intentando desaparecer”, advirtió Lindow.
Nuevos responsables bajo la lupa
Tras la muerte de Maldonado, otros integrantes de la sociedad quedaron al frente de la empresa. Entre ellos, el abogado mencionó a un ciudadano paraguayo y a un tercer socio identificado como Pedro Flores.
Uno de ellos habría asumido recientemente como presidente de la firma, lo que, según la querella, lo posiciona como responsable directo de las obligaciones incumplidas.
“Ahora vamos a avanzar contra quienes continúan en la sociedad. No pueden escudarse en la muerte de uno de los socios para desconocer las deudas”, afirmó.
Denuncia penal inminente y posible alcance federal
El Dr. Lindow confirmó que, tras agotar la instancia civil mediante intimaciones formales, se encuentran en condiciones de presentar una denuncia penal en los próximos días.
Los delitos que se analizan incluyen estafa y retención indebida de fondos, aunque no se descarta la intervención de la Justicia Federal si se comprueban maniobras vinculadas al movimiento irregular de dinero.
“Estamos hablando de cifras millonarias. Solo uno de los casos ronda los 200 mil dólares, pero ya hay múltiples damnificados que comenzaron a contactarse”, explicó.
Un escándalo en expansión
Aunque desde el entorno de Maldonado se sostenía que no atravesaba problemas económicos, tras su fallecimiento comenzaron a aparecer reclamos informales que superarían los 500 mil dólares, cifra que podría escalar significativamente a medida que avanza la investigación.
El caso, que comenzó con un hecho trágico, derivó en un posible entramado de irregularidades financieras que ahora será analizado por la Justicia. Mientras tanto, los inversores buscan recuperar su dinero en un escenario que, por ahora, presenta más interrogantes que certezas.
