La investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma una prueba documental que el fiscal Gerardo Pollicita considera determinante. Se trata de un registro fotográfico del “antes y después” de un departamento en el barrio porteño de Caballito que pertenece al funcionario.
Las imágenes buscan esclarecer si las reformas realizadas en la propiedad justifican el movimiento de dinero tras una operación inmobiliaria que la justicia investiga.
El inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, fue protagonista de una vertiginosa triangulación económica. En mayo de 2025, el exfutbolista Hugo Morales vendió la propiedad a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, por un total de 200.000 dólares. Apenas seis meses después, las mujeres le vendieron el mismo departamento a Adorni por 230.000 dólares.
El funcionario entregó 30.000 dólares y se endeudó con las jubiladas por los 200.000 dólares restantes. Ambas perciben una jubilación mínima de 350.000 pesos, lo que genera dudas sobre su capacidad económica para adquirir y financiar semejante propiedad.
Ante el fiscal, tanto Sbabo como Viegas admitieron desconocer los pormenores del negocio, asegurando que las gestiones estuvieron a cargo de sus hijos e hijastros.
El interés del fiscal Pollicita al exhibir las fotos del departamento radica en el valor de las obras. La Justicia busca determinar si las refacciones realizadas en ese semestre realmente costaron los 30.000 dólares de diferencia entre la compra y la venta, o si se trata de una ganancia ficticia para encubrir otros movimientos de fondos.
El magistrado citó a Matías Tabar, el contratista encargado de las obras. Este deberá presentarse con presupuestos, órdenes de trabajo y documentación técnica que permita establecer el alcance real de las tareas de construcción encomendadas por el funcionario.
El juez Ariel Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del Jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Angeletti, y de las cuatro mujeres que figuran como sus acreedoras.
A la hipoteca de Caballito se suma otra deuda por una vivienda en la calle Asamblea al 1100. Allí, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que el funcionario les adeuda 70.000 dólares más intereses, con un vencimiento previsto para noviembre de este año. La fiscalía ya solicitó a ARCA informes patrimoniales para verificar si las efectivos policiales tenían la capacidad financiera para otorgar semejante crédito.
El lunes 20 de abril (9:00 hs) se espera la declaración de Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de Caballito. El miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas vendedoras y se espera también la comparecencia de Juan Ernesto Cosentino, exdueño de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá.
