Cientos de personas se congregaron ayer en el Obelisco para exigir justicia por Ángel López, el niño de 4 años oriundo de Comodoro Rivadavia cuya muerte, el pasado 6 de abril, conmocionó al país.
La convocatoria fue encabezada por su padre, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, quienes viajaron desde Chubut con el objetivo de visibilizar que la responsabilidad del trágico desenlace no recae únicamente sobre la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González —ambos señalados por las agresiones—, sino también sobre los funcionarios judiciales que permitieron que el niño fuera entregado a ese entorno.
El reclamo contó con el respaldo legal del abogado Roberto Castillo y la presencia de la hermana Martha Pelloni, referente histórica en causas de vulneración de derechos infantiles. La crítica principal de la familia apunta a las “fallas sistémicas” de la Justicia de Familia en Comodoro Rivadavia.
Según se expuso durante la jornada, el juez Pablo José Pérez resolvió otorgar la tenencia a la madre biológica basándose en informes técnicos de la asesora de familia Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva. Sin embargo, tras el cambio de custodia, Ángel pasó a vivir en una zona de quintas en condiciones precarias, donde finalmente sufrió las lesiones que le quitaron la vida.
“Para mí, él no se fue todavía”, expresó un quebrado Luis López ante la multitud. El padre recordó que él crió al niño desde bebé luego de que la madre se marchara a Córdoba, y cuestionó con dureza los criterios judiciales que priorizaron el vínculo biológico por sobre el bienestar y la seguridad que el niño ya tenía consolidada.
Por su parte, Lorena Andrade, quien ejerció el rol materno durante años, compartió su desgarrador testimonio: “Ángel es mi hijo también. Me duele todo lo que tuvo que sufrir”. Ambos advirtieron que el caso de Ángel no es aislado y que existen numerosas demoras y negligencias en los tribunales de familia de su ciudad que ponen en riesgo a otros menores.
Un pedido de justicia integral
La movilización no solo buscó honrar la memoria del pequeño, sino también presionar para que la investigación avance sobre todos los actores involucrados. “Tienen que pagar todos”, sentenció el padre, haciendo referencia a los peritos y magistrados que intervinieron en el expediente de custodia.
La jornada concluyó con un mensaje de unidad y la firme promesa de los familiares de no abandonar la lucha hasta que se produzcan cambios institucionales profundos. El caso de Ángel López se ha transformado en un símbolo de la urgencia de reformar los protocolos de protección infantil, bajo la premisa de que una firma en un despacho judicial puede, literalmente, decidir sobre la vida o la muerte.
