La Justicia argentina dio un paso definitivo en la recuperación de activos derivados de la corrupción. Este viernes, la Cámara de Casación Penal confirmó por mayoría el decomiso y la ejecución de más de 100 inmuebles pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez.
La medida busca cubrir la millonaria suma de $685.000 millones, monto actualizado que el Estado reclama en concepto de reparación por los daños ocasionados en la causa Vialidad, donde la exmandataria cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.
El decomiso: 111 inmuebles bajo la lupa
La resolución de la Sala IV de la Casación rechaza los recursos de las defensas y deja firme la incautación de un vasto patrimonio distribuido principalmente en la provincia de Santa Cruz:
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Lázaro Báez: Es el más afectado con el decomiso de 84 propiedades, incluyendo activos de su firma insignia, Austral Construcciones.
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Máximo y Florencia Kirchner: La Justicia avanzó sobre 19 inmuebles que habían sido cedidos o heredados, incluyendo el hotel “Los Sauces” y departamentos en Río Gallegos.
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Cristina Kirchner: Se ratificó el decomiso de un terreno de más de 6.000 metros cuadrados en El Calafate.
Si el remate de estos bienes no lograra cubrir el monto total de la condena, la Justicia procederá contra el patrimonio de otros exfuncionarios condenados, como José López y exdirectivos de Vialidad Nacional.
Justicia efectiva vs. “Declaración abstracta”
El fallo contó con los votos determinantes de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. En su argumento, el juez Hornos subrayó que el decomiso no puede ser solo una “declaración abstracta”, sino que debe traducirse en una recuperación real y efectiva de los activos. “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, sostuvo Hornos en su dictamen.
Por su parte, la defensa de la expresidenta intentó proteger diez departamentos en Río Gallegos y terrenos en Lago Argentino, alegando que pertenecían a sus hijos y no tenían “trazabilidad directa” con el delito. Sin embargo, el tribunal determinó que en casos de corrupción compleja, basta con probar una vinculación económica razonable para ejecutar la medida, que tiene un carácter restaurativo y no punitivo contra los actuales titulares.
Aunque la condena por la causa Vialidad ya había quedado firme, el decomiso de bienes se encontraba “empantanado” debido a sucesivas apelaciones. Con la resolución de este viernes, se derriba la última barrera legal para que el Estado comience a ejecutar los bienes y recuperar los fondos desviados durante el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La investigación ahora entra en su fase operativa, donde se deberá reconstruir formalmente el circuito del dinero y tasar las propiedades para su posterior liquidación o transferencia al patrimonio estatal.
