En un escenario de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación, las empresas editoras del diario Ámbito (NEFIR SA y Editorial Amfin SA) presentaron una acción de amparo contra el Estado Nacional. La medida judicial responde a la decisión del Gobierno de retirar las acreditaciones y bloquear el ingreso a Balcarce 50 de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes cubren la actividad presidencial desde hace años.
La demanda solicita una medida cautelar innovativa urgente para que se rehabilite de inmediato el acceso, argumentando que la restricción es “ilegítima y arbitraria” y atenta contra derechos constitucionales fundamentales.
En la presentación, realizada por el director del medio, Gabriel Morini, se sostiene que el bloqueo administrativo vulnera tres pilares básicos; la libertad de prensa, al impedir la cobertura directa de los actos de gobierno; el derecho al trabajo, afectando el desempeño profesional de periodistas con trayectoria reconocida y el derecho a la información, privando a la ciudadanía de acceder a datos sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Según el escrito, el pasado 23 de abril, el personal de Casa Militar informó a las cronistas que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de ingreso, impidiéndoles el paso de manera fáctica.
Denuncia de arbitrariedad
Ámbito apunta directamente contra la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar. El medio rechaza los argumentos oficiales esgrimidos por el secretario Javier Lanari, quien vinculó la medida a una “prevención” por presunto espionaje ilegal.
La presentación judicial no es un hecho aislado, sino que suma los pronunciamientos de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entidades que manifestaron su profunda preocupación por el precedente que sienta esta restricción al libre ejercicio del periodismo en la sede gubernamental.
El amparo solicita finalmente que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida y ordene la restitución inmediata de las huellas dactilares de las acreditadas en el sistema de seguridad de la Casa Rosada.
