El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos de seguridad en casos de amenazas escolares. La decisión quedó formalizada este lunes a través de una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial.
La medida, que ya había sido anticipada por el ministro Juan Pablo Quinteros, establece un Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, con el objetivo de que padres o tutores de los estudiantes involucrados asuman los costos generados por estos hechos.
Desde el Gobierno explicaron que la normativa busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos, ya que en la mayoría de los casos se trata de amenazas falsas que obligan a desplegar importantes operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
Cómo será el procedimiento
El protocolo se activará una vez que intervenga el Ministerio Público Fiscal, que tendrá la tarea de identificar a los autores y a los adultos responsables.
Luego, las autoridades provinciales deberán:
- Determinar los costos de cada operativo.
- Elaborar un expediente con los registros de la intervención.
- Cuantificar los gastos realizados por el Estado.
- Intimar el pago en un plazo de cinco días.
En caso de que no se cumpla con el pago, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales.
