La historia comenzó en 2016, cuando Leonelli se desempeñaba como Juez de Instrucción en Río Grande. En aquel entonces, lideró una investigación sobre distribución de pornografía infantil en Twitter. Como parte del proceso legal, recibió de organismos internacionales y de Missing Children un disco compacto encriptado con las pruebas del caso.
Al compulsar el material para la causa, los archivos se alojaron por defecto en el usuario de la computadora de trabajo, identificados con códigos de reporte internacional. Años después, al dejar su cargo en Río Grande, el juez realizó un respaldo de su material de trabajo: más de 25,000 sentencias y archivos que consideraba estrictamente profesionales.
En 2025, la pesadilla se materializó. Al sincronizar sus archivos con Google Drive, el algoritmo de la empresa detectó los archivos de aquella vieja causa y bloqueó la cuenta de inmediato. “Pensé que el algoritmo quizá había leído mal alguna sentencia”,reflexiona Leonelli.
El magistrado intentó defenderse mediante los canales oficiales, pero se topó con un muro burocrático: Solo le permitieron 700 caracteres para explicar su cargo y el origen legal del material. Nunca recibió respuesta humana. Envió notificaciones legales a las oficinas de Google en Puerto Madero, las cuales fueron ignoradas. En las audiencias, Google Argentina se desligó de responsabilidades, alegando que el servicio depende de Google EE.UU.
Mientras el Juez intentaba desesperadamente comunicarse con un humano para aclarar el error, el sistema automatizado de Google ya había radicado una denuncia internacional.
El resultado fue devastador: un martes, la justicia ordenó el allanamiento simultáneo de su despacho y de su domicilio particular. El operativo se realizó frente a sus hijos de 2 y 4 años.
“Fueron los peores cuatro meses de mi vida. Se publicaron las mayores barbaridades en los diarios. Es el peor delito que te pueden imputar; sentía vergüenza de que otros niños vinieran a jugar a casa con mi hijo”, confiesa el magistrado.
Tras el cierre de la causa penal donde se demostró que el material no había sido abierto ni manipulado desde 2016, manteniendo su identificador digital original (hash) intacto, Leonelli pasó a la ofensiva.
La Justicia determinó que Google infringió sus propios términos y condiciones. Sin embargo, la respuesta de la tecnológica fue radical: eliminaron la cuenta definitivamente, borrando no solo las pruebas del caso, sino también los contactos, fotos y toda la vida digital del juez vinculada a su Gmail.
La demanda actual contra la multinacional se fundamenta en el uso doloso de la información y la falsedad ideológica de sus reportes, ya que Google descontextualizó datos a los que tenía acceso total para generar una denuncia penal infundada, ignorando deliberadamente el marco judicial del material. A esto se suma una grave acusación por destrucción de prueba, dado que la empresa eliminó definitivamente la cuenta y todo su contenido pese a la existencia de una medida cautelar que ordenaba preservar el material para el proceso legal. Finalmente, el magistrado cuestiona una política comercial negligente que prioriza el ahorro de costos mediante algoritmos automáticos y “falsos positivos” por sobre la inversión en revisiones humanas, dejando a los usuarios en un estado de absoluta indefensión y vulnerabilidad ante errores que pueden destruir la integridad y la vida privada de una persona.
Hoy, tras recuperar su integridad legal pero con las cicatrices del proceso, Leonelli y su esposa han convertido esta lucha en una causa personal: “Que esto no le vuelva a ocurrir a nadie”.
El caso sienta un precedente crítico sobre la responsabilidad de las Big Tech en el manejo de información sensible y la desprotección total del usuario frente a decisiones tomadas por algoritmos carentes de contexto y humanidad.
