La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) emitió una declaración institucional que documenta y analiza críticamente el endurecimiento sistemático del sistema penal adolescente en cuatro países de la región: El Salvador, Ecuador, Perú y Argentina.
El caso más grave: cadena perpetua para niños desde los 12 años
El informe señala como caso extremo la reforma constitucional aprobada en El Salvador el 16 de abril de 2026, que habilita la pena de prisión perpetua para niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años. AJUNAF sostiene que esta reforma viola de manera directa la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, y replica exactamente el esquema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró contrario al derecho internacional en el caso Mendoza y otros vs. Argentina (2013).
Un patrón regional común: punitivismo sin evidencia
La declaración analiza también la Ley de Integridad Pública de Ecuador (junio 2025), que elevó la pena máxima para adolescentes a 15 años y dispuso su juzgamiento como adultos en ciertos delitos; y la Ley 27.801 argentina, en vigor desde marzo de 2026, que redujo la edad de punibilidad de 16 a 14 años. AJUNAF advierte que todas estas reformas comparten una misma lógica: el endurecimiento penal como respuesta a la demanda social de seguridad, sin respaldo empírico sobre su eficacia.
Una sentencia que marca el camino contrario
Como contrapunto, el documento celebra la Sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú, que en diciembre de 2025 declaró inconstitucional la ley peruana que sometía a adolescentes al sistema penal adulto. La presidenta del Tribunal sintetizó la doctrina del fallo con una fórmula que AJUNAF hace propia: “El tribunal no dice no lo juzguen, lo que dice es no lo hagan como si fuera un adulto”.
La posición de AJUNAF
La Asociación reclama el respeto irrestricto de los estándares internacionales de protección de la infancia, convoca a los organismos internacionales a actuar con urgencia frente al caso salvadoreño, y exige que las garantías incorporadas en la normativa argentina sean aplicadas de manera efectiva. AJUNAF sostiene que la única respuesta con eficacia sostenida frente al delito adolescente son las políticas de justicia restaurativa, prevención temprana e inclusión educativa.
