El magistrado alertó sobre una tendencia regional que busca replicar modelos punitivistas extremas, como los de El Salvador, Ecuador y Perú, donde se plantean penas perpetuas para menores desde los 12 años, ignorando las sanciones previas que organismos internacionales ya han impuesto a la Argentina por este tipo de medidas.
Moreno denunció la existencia de un discurso mediático hegemónico que atribuye la inseguridad ciudadana a los menores de edad, ocultando los problemas de fondo. “Alguien les pone las armas en las manos a los niños y alguien les garantiza el acceso al paco o la pasta base”, señaló, enfatizando que la seguridad no mejorará persiguiendo adolescentes, sino combatiendo las redes de narcotráfico y trata que los utilizan. En este sentido, destacó la labor del Padre “Pepe” Di Paola en La Banda como el verdadero camino: “El acompañamiento y ponerse al hombro al adolescente que muchas veces no tiene familia es lo que realmente funciona”.
Uno de los puntos más críticos de su exposición fue la falta de financiamiento para la aplicación de la nueva norma. Moreno reveló que estuvo en el Congreso Nacional advirtiendo a los legisladores sobre los riesgos de votar una ley “sin ningún tipo de presupuesto cierto”. Sostuvo que es urgente la creación de dispositivos en la justicia de familia y penal juvenil, y que el Estado debe salir de sus lugares de privilegio para trabajar en los barrios. “Si un chico cometió un ilícito debe ser sancionado según la ley, pero hoy se quiere modificar incluso la regla de salud mental sin haber solucionado el tema de las adicciones”, criticó.
Finalmente, el presidente de AJUNAF hizo un llamado a federalizar las políticas públicas mediante un mapa nacional de adicciones. Explicó que ninguna provincia cuenta con estadísticas serias sobre intervenciones en consumo problemático y que la respuesta estatal es casi nula por la falta de redistribución de ingresos desde la Nación hacia las provincias. “Estamos un poco remolones desde los municipios y las provincias”, concluyó, instando a las autoridades a diseñar políticas basadas en la idoneidad y el monitoreo constante, en lugar de intereses partidarios que están “muy lejos de los adolescentes que más sufren en el país”.
