La Justicia resolvió ratificar el arresto domiciliario de Ramiro Petros y, al mismo tiempo, dictar la prisión preventiva por el plazo de tres meses, en el marco de la causa en la que se lo investiga por una serie de delitos económicos. La decisión fue adoptada tras una audiencia clave en la que se analizaron las medidas cautelares.
El empresario se encuentra imputado por presuntas estafas millonarias, además de amenazas y tenencia ilegítima de armas, en una investigación compleja que involucra a múltiples denunciantes y montos que superarían los 500 millones de pesos.
En ese contexto, el juez dispuso que Petros continúe bajo arresto domiciliario, una medida que ya había sido otorgada de manera provisoria por cuestiones de salud y su situación familiar, pero ahora enmarcada dentro de la prisión preventiva ordenada por el plazo fijado.
Con esta resolución, la Justicia busca garantizar el avance de la causa y evitar riesgos procesales, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas en una investigación que sigue sumando capítulos y mantiene en vilo a los damnificados.
