Javier Milei y Karina Milei fueron denunciados por uso de fondos públicos en viajes personales
El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron denunciados penalmente por presunto uso indebido de recursos del Estado en viajes al exterior vinculados, según la acusación, a actividades personales y políticas ajenas a la gestión oficial.

La presentación judicial fue realizada por el abogado de Derechos Humanos, Javier Garín y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Romilda Servini. La denuncia apunta a posibles delitos de malversación de fondos públicos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito, existiría un “uso sistemático” de la flota presidencial y de partidas estatales para sostener una agenda internacional centrada en actividades personales, conferencias ideológicas y encuentros políticos fuera de la agenda institucional argentina.

El denunciante sostuvo que los viajes realizados durante la gestión de Milei implicaron “importantes erogaciones” para el Estado y cuestionó que esos gastos se produzcan en paralelo a políticas de ajuste sobre distintos sectores sociales.

Entre los datos incorporados a la presentación judicial, se menciona que el mandatario habría permanecido fuera de la Casa Rosada durante 196 días desde el inicio de su gestión y que, en poco más de dos años, realizó 77 viajes internacionales a 17 países.

La denuncia también remarca que gran parte de esos traslados habrían tenido como objetivo participar en actividades políticas e ideológicas vinculadas a sectores de ultraderecha, además de conferencias, entrevistas y actos de respaldo a dirigentes extranjeros.

Garín cuestionó especialmente la utilización de fondos públicos para asistir a eventos partidarios o respaldar campañas políticas internacionales. En ese sentido, sostuvo que existe una “confusión entre los intereses personales del Presidente y los del Estado”.

Además, el abogado señaló que para este año estaría prevista una ampliación del presupuesto destinado a viajes oficiales, lo que, según afirmó, profundiza la polémica sobre el uso de recursos públicos en medio del contexto económico y los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno nacional.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.

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