La justicia porteña condenó a un hombre a la pena de cuatro años de cárcel por comercializar dulces cannábicos a través de una plataforma digital. La investigación se inició tras la internación de cuatro personas en el barrio de Balvanera. El operativo policial en un barrio privado permitió el secuestro de centenares de dosis de productos con thc, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos vinculados a la actividad ilícita.
El proceso judicial tuvo su origen a raíz de la denuncia por la intoxicación de cuatro personas. Los damnificados consumieron golosinas adquiridas mediante una página web y, debido a la gravedad de los síntomas, requirieron internación inmediata. La unidad fiscal especializada en estupefacientes inició las tareas de campo para identificar al responsable de la plataforma digital.
Mediante el seguimiento de dominios y pericias tecnológicas, los investigadores localizaron el domicilio del sospechoso en una urbanización cerrada de la localidad de Hudson. Con las pruebas recolectadas, se procedió al allanamiento del inmueble donde se centralizaban las operaciones de venta de los estupefacientes.
Secuestro de sustancias y peritajes
En el operativo realizado en la vivienda del acusado, las autoridades incautaron más de quinientos paquetes de gomitas masticables impregnadas con sustancias prohibidas. El inventario policial detalló además el hallazgo de ciento cincuenta cápsulas para vaporizadores, treinta y cinco dispositivos de vapeo cargados con thc, semillas y flores de marihuana.
Los estudios toxicológicos confirmaron que los dulces contenían cannabinoides y extractos de cannabis, elementos cuya comercialización se encuentra penada por la ley de estupefacientes. Además de las sustancias, la policía secuestró dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que eran utilizados para el contacto con los clientes y la gestión de pagos.
Fundamentos de la sentencia judicial
La fiscalía interviniente advirtió que la modalidad de comercialización virtual aumentaba el riesgo de acceso de menores de edad a las sustancias. Se demostró que el imputado desarrollaba una actividad ilícita con un claro objetivo de lucro, poniendo en peligro la salud pública a través del suministro de productos cuya peligrosidad quedó evidenciada en la intoxicación de los consumidores.
El magistrado a cargo del juzgado ratificó la pena de prisión efectiva al considerar probada la autoría de los delitos de suministro oneroso y comercio de drogas. La resolución judicial incluyó el decomiso de todos los bienes utilizados en la maniobra delictiva y el traslado del condenado a una unidad penitenciaria para el cumplimiento de la condena.
