Apenas una semana después de haber presentado el Plan ARMA para la modernización de las Fuerzas Armadas, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un recorte de casi $49.000 millones en partidas clave de Defensa. Esta medida profundiza la crisis operativa del sector, afectando programas de alistamiento y adquisiciones de bienes de capital que son fundamentales para revertir décadas de deterioro.
El analista Andrei Serbin Pont advirtió que el ajuste, equivalente a unos 35 millones de dólares, representa una contradicción directa con el discurso oficial de reequipamiento. “Si tenías el Plan ARMA, estos recursos deberían haber sido adicionales; en cambio, ahora se usan para llenar el vacío de un recorte ejecutado por decreto”, graficó el especialista.
El impacto fuerza por fuerza
La Fuerza Aérea es la más golpeada nominalmente, con una pérdida de $16.500 millones. El dato es alarmante dado que la fuerza acaba de recibir los primeros seis aviones F-16 comprados a Dinamarca, y este recorte afecta directamente las herramientas y equipos necesarios para su alistamiento operativo.
Por su parte, la Armada sufrió una quita de $15.220 millones, lo que derivó en la eliminación del crédito para un proyecto histórico: la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M. En tanto, el Ejército registró una disminución de $12.622 millones que estaban destinados a transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar.
De la Antártida a los salarios: un sistema en tensión
El ajuste no perdonó siquiera la logística estratégica, afectando las partidas de combustibles y lubricantes destinados a la Campaña Antártica. La única excepción dentro de la Jurisdicción 45 fue la sanidad militar, que recibió un refuerzo de $4.000 millones para insumos médicos, aunque esto no impacta en las capacidades de combate de las fuerzas.
Actualmente, el gasto en Defensa se ubica en un mínimo histórico del 0,28% del PBI, con un agravante: entre el 75% y el 90% del presupuesto se consume en salarios y pensiones. Esta situación genera una tensión creciente en los cuadros técnicos de élite, como pilotos y fuerzas especiales, quienes ven cómo sus ingresos quedan rezagados frente a la responsabilidad de operar sistemas de armas de altísimo costo.
El fin del piso legal para el reequipamiento
Un punto central de la nueva normativa es la derogación de la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento militar. Al eliminar este piso legal, el sector queda sin un mecanismo de protección presupuestaria, quedando a merced de decisiones administrativas discrecionales que, como en este caso, priorizan el recorte fiscal por sobre la capacidad de defensa del territorio nacional.
