El pasado 13 de mayo, una camioneta Tesla Cybertruck plateada salió del puerto de Buenos Aires y fue estacionada en el subsuelo de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin patente. Sin los papeles definitivos de importación. Ocupando dos cocheras. Era la del diputado nacional Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, que había importado el vehículo desde Miami y decidió, como primera parada, llevarlo al Congreso.
Las imágenes se viralizaron en horas (incluso tuvo su paso por La Banda, Santiago del Estero). El propio Martín Menem —presidente de la Cámara y a quien Quintar llama públicamente “su amigo”— le pidió que retirara el rodado del predio. Al día siguiente, la Cybertruck fue cargada en una grúa con destino a Jujuy: la batería eléctrica no alcanzaba para los 1.494 kilómetros que separan Buenos Aires de la capital jujeña, y la falta de patente impedía circular legalmente.
“No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta”, declaró Quintar ante la consulta de los medios. “Esto es parte de la batalla cultural”.
Pero la “batalla cultural” tiene números. Y los números de la declaración jurada patrimonial de Quintar —documento público al que accedió Info del Estero— no cierran.
¿Qué dice la DDJJ de Quintar?
La última declaración jurada patrimonial anual de Manuel Quintar fue presentada ante la Oficina Anticorrupción en octubre de 2023 (las de 2025 aún no fueron presentadas). Es un documento público. Cualquier ciudadano puede leerlo. Info del Estero lo leyó con detalle y encontró una serie de inconsistencias que merecen ser explicadas.
El primer dato que llama la atención es la tendencia: Quintar comenzó el año 2024 con un patrimonio declarado de $511 millones y lo cerró con $231 millones. Una caída de más de $279 millones en doce meses, equivalente al 54,7% de sus activos.
Un funcionario cuyo patrimonio se contrae a ese ritmo no acumula capital. Sin embargo, a principios de 2026 habría desembolsado entre 126.000 y 200.000 dólares —según su propio relato— para importar una Cybertruck desde Miami.
El segundo dato es la liquidez: al cierre del ejercicio 2024, el diputado declaró dinero disponible —efectivo más saldo en cuentas bancarias— por apenas $5,6 millones de pesos. Al tipo de cambio de referencia, eso representa menos del 3% del costo que él mismo reconoce haber pagado por el vehículo.
El tercer dato es más llamativo aún: en 2023, Quintar había declarado que su participación accionaria del 33% en la empresa familiar Servicios Sociales de Salud SRL tenía una valuación de $436 millones. En su presentación de 2024, esa misma participación aparece valuada en $1 millón. Una reducción de 435 millones de pesos en la valuación de un activo societario que, en paralelo, seguiría operando clínicas y facturando al PAMI y a obras sociales. La explicación no figura en los papeles.
El cuarto elemento es la declaración de inmuebles: Quintar informó ocho propiedades —una casa, un lote, dos locales y otros inmuebles en Jujuy, más dos lotes en Salta— todas con una superficie declarada de “1 metro cuadrado”. La cifra parece ser un error de carga, pero en una declaración jurada de un funcionario público, los errores también deben ser explicados y corregidos.
Sera costumbre de nuestros dirigentes no informar los metros cuadrados de sus propiedades en la declaración jurada patrimonial integral de carácter publico?
Es solo un detalle y no importa?
Hay que preguntarle al diputado dueño del Tesla, Manuel Quintar.
1m2 JAJAJAJAJAJA HDP pic.twitter.com/SmmgpcdigA— NataRod (@Miss_Peruu) May 15, 2026
“Pago con lo mío”, dijo Quintar
Ante la pregunta de qué fuente de fondos explica la adquisición del vehículo, Quintar respondió que lo pagó “con lo mío” y que lo incorporará en su próxima declaración jurada. El argumento es formalmente válido —la compra habría ocurrido en 2026, fuera del período cubierto por la declaración de 2024—. Pero no responde la pregunta: ¿de dónde salieron los dólares?
El negocio familiar: clínicas, PAMI y obras sociales
Manuel Quintar no es solo diputado. Es, junto a su padre Omar y su hermana Alba —funcionaria de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Salta—, copropietario del 33% de Servicios Sociales de Salud SRL, una empresa familiar fundada en 2012 dedicada a la administración de clínicas y la prestación de servicios sanitarios.
Esa empresa es la propietaria del Sanatorio Los Lapachos, que figura como prestadora habilitada del PAMI en la provincia de Jujuy. El sanatorio tiene sede en el centro de San Salvador de Jujuy y una sucursal en Alto Comedero, el Policonsultorio Los Lapachos. En los años 90, esa misma institución se llamaba “Sanatorio Quintar” y siempre perteneció a la misma familia. Según documentaron varios medios, el establecimiento atravesó una quiebra, rebautizó su nombre y continuó operando bajo las mismas manos.
La red de vínculos entre el legislador, sus empresas y los organismos públicos comenzó a hacer ruido mucho antes del episodio del Tesla.
Los negocios con Andis
En 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a derivar a beneficiarios jujeños de programas de asistencia para hacerse chequeos médicos en la Clínica Los Lapachos. El organismo que firmó esas notas de derivación fue ANDIS —el mismo organismo que, en paralelo, protagonizaba escándalos de sobreprecios en otras áreas del Estado.
El periodista Manuel Jove fue quien levantó la denuncia públicamente: el Estado derivaba pacientes vulnerables a la clínica propiedad del legislador que, en el Congreso, votaba las políticas del mismo gobierno que firmaba esas derivaciones.
El DipuTESLA es Manuel Quintar, de Jujuy, del bloque de LLA. El año pasado la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mandaba a los beneficiarios jujeños de programas de asistencia a hacerse chequeos a la Clínica Los Lapachos. ¿De quién es la clínica? De la familia QUINTAR.… https://t.co/7wsXHxXPqL pic.twitter.com/udyWGjPr0w
— Manu Jove (@manujove) May 13, 2026
Pero hay más. En marzo de 2024, el medio La Política Online reveló que el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, había designado como titular de la delegación del organismo en Jujuy a un contador llamado Evaristo Bautista.
El detalle: Bautista se desempeñaba como administrador de la Clínica Los Lapachos, propiedad de la familia Quintar. Un hombre ligado a la empresa del diputado pasó a controlar la delegación provincial del organismo que le factura prestaciones a esa misma empresa.
El abogado Daniel Trava presentó una denuncia judicial contra Leguizamo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, señalando la existencia de un conflicto de intereses que el director del PAMI debería haber detectado antes de designar a Bautista. El diputado Alejandro Vilca, del FIT, presentó también un pedido de informes sobre las contrataciones del PAMI con el sanatorio.
Quintar negó cualquier irregularidad. Ante las consultas, respondió que él “solo fue abogado de la clínica” y que le brindó asesoramiento legal. La aclaración resulta difícil de sostener frente al hecho documentado de que figura como accionista del 33% de la sociedad propietaria del sanatorio.
Quintar vs. azucareros
El caso del PAMI no fue el único. En septiembre de 2025, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), Luciano Lezano, presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo acusando al diputado Quintar de ser parte de un intento de tomar el control de la obra social del gremio, la Ospail, que administra la cobertura de salud de más de cinco mil afiliados y mueve cientos de millones de pesos por mes.
Según la denuncia, el mecanismo habría funcionado así: el ex presidente de la obra social, Miguel Guerra, y su ex tesorera, Julieta Chocala, habrían trabado un acuerdo con Quintar para que la Ospail le alquilara al legislador el edificio de la organización en General Libertador San Martín para el funcionamiento de la Clínica Sagrado Corazón, bajo el gerenciamiento de una SRL cuya titularidad le atribuyen al diputado y a su pareja.
En otras palabras: la obra social de los trabajadores del azúcar habría estado pagando un alquiler a una empresa vinculada al diputado, que al mismo tiempo habría prestado servicios de salud a esos mismos trabajadores. El círculo cerrado del negocio: Quintar habría cobrado como locador y como prestador de salud del mismo colectivo de afiliados.
“Esto es una interna del sindicato y gente vinculada al radicalismo me quiere ensuciar a mí”, respondió Quintar al ser consultado. La justicia tiene en sus manos determinar si la denuncia tiene sustento.
Quintar, ¿el nuevo Adorni de Milei?
El episodio del Tesla llegó en el peor momento político posible para La Libertad Avanza. Desde hace semanas, el Gobierno viene desgastado ante la opinión pública por otro caso de patrimonio inexplicado: el del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.
Las similitudes entre ambos casos no son superficiales. En los dos, la figura cuestionada es un funcionario o legislador del espacio que hizo de la transparencia y la “batalla cultural contra la casta” su principal argumento político. En los dos, la discrepancia entre el estilo de vida visible y el patrimonio declarado es el punto de entrada de la investigación. Y en los dos, la respuesta inicial fue la misma: “lo pagué con lo mío”, “trabajo hace años”, “no tengo nada que ocultar”.
El contexto importa: el fiscal federal Guillermo Marijuán investiga presuntos circuitos de retornos en la obra social rural Osprera, intervenida por el Gobierno, donde el jefe político de Quintar —Lule Menem— se encuentra a punto de ser procesado. Los mismos actores, los mismos mecanismos, la misma lógica de captura de organismos de salud para direccionar prestaciones hacia empresas del entorno.
La pregunta que Quintar -y también Adorni, sobre sus viajes– debe responder es: ¿De qué cuenta bancaria o reserva salieron los dólares pagados en Estados Unidos por el Cybertruck?
*Fuentes: Declaración Jurada Patrimonial Anual 2024 de Manuel Quintar (Oficina Anticorrupción); La Política Online (15/03/2024); Chequeado (mayo 2026); Infobae (13-14/05/2026); La Nación (14/05/2026); Perfil (15/05/2026); denuncia penal presentada por el abogado Daniel Trava ante la Justicia Federal; denuncia ante la Secretaría de Trabajo del secretario general del Soeail, Luciano Lezano (septiembre 2025).
