Una madre santiagueña inició un incidente de aumento de cuota alimentaria contra el padre de su hijo, un niño con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), luego de que durante dos años el progenitor abonara apenas $100.000 mensuales, una cifra irrisoria frente a los enormes gastos que demanda la crianza, atención y tratamiento del menor.
De acuerdo al testimonio de la abogada de la mujer, Dra. Ximena Neirot, “lo más indignante no es solo el monto”. Según trascendió, el progenitor no se interesaría por el niño, prácticamente no mantendría contacto con él y nunca lo vería, dejando a la madre completamente sola al cuidado exclusivo de su hijo y de todas sus necesidades diarias.
“Lejos de mostrar empatía o voluntad de cumplir con su responsabilidad, el demandado, M.A. Torrez, oriundo de Bandera Bajada, respondió al reclamo judicial con un mensaje cargado de desprecio: ‘Lejos estás amiga’, en referencia al pedido de una cuota alimentaria acorde a las necesidades reales del niño”, detalló la letrada a cargo del caso.
“Mientras tanto, la madre afronta sola gastos mensuales que rondan los $1.500.000 entre terapias especializadas, psicóloga, médicos, jardín, alimentos, medicamentos y demás necesidades derivadas de la condición del niño”, continuó.
Además, el progenitor no tendría ingresos registrables y, según denunciaron, se negaría sistemáticamente a cumplir con la sentencia judicial y con sus obligaciones alimentarias, pese a las necesidades especiales de su hijo y al complejo contexto económico actual.
“El niño necesita atención profesional, estabilidad y contención. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de derechos básicos, salud y calidad de vida”, señaló su abogada.
La abogada de la madre expresó su profunda indignación frente a la actitud del progenitor y sostuvo: “Resulta indignante ver cómo un padre puede desentenderse de un niño con autismo y desoír completamente las necesidades básicas de su propio hijo. No vamos a permitir que este menor quede desamparado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias judiciales para garantizar sus derechos, su tratamiento, su educación y una vida digna”.
