El denominado “Honduras Gate” sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo luego de que peritajes técnicos confirmaran la autenticidad de los audios filtrados que involucran a empresarios, operadores políticos y dirigentes vinculados a sectores de la nueva derecha latinoamericana, entre ellos espacios cercanos al presidente Javier Milei.
Según informó el diario mexicano La Jornada, los análisis técnicos concluyeron que las grabaciones no fueron manipuladas ni editadas, descartando así una de las principales defensas esgrimidas por algunos de los sectores mencionados tras la difusión inicial del material.
El caso gira en torno a una presunta estructura de financiamiento y operaciones digitales orientadas a intervenir políticamente en Honduras mediante campañas de desinformación, ataques en redes sociales y difusión mediática contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En las conversaciones también aparecen referencias a supuestas acciones similares destinadas a México y Colombia.
Uno de los puntos más explosivos de los audios es la mención a un supuesto aporte de 350 mil dólares atribuido a Javier Milei para sostener estructuras digitales y campañas de comunicación política. Aunque desde sectores del oficialismo argentino negaron cualquier participación institucional, la aparición del nombre del mandatario argentino generó repercusiones diplomáticas y políticas en distintos países de la región.
El escándalo comenzó a escalar luego de que medios hondureños y mexicanos difundieran fragmentos de conversaciones privadas entre empresarios y operadores políticos. Con el correr de los días, comenzaron a aparecer menciones a dirigentes libertarios argentinos y consultores vinculados a espacios de ultraderecha latinoamericanos, lo que profundizó las sospechas sobre posibles redes internacionales de financiamiento político y operaciones digitales coordinadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se refirió públicamente al caso y cuestionó al gobierno argentino por la presunta participación de actores ligados al oficialismo en maniobras regionales de desinformación.
La confirmación de los peritajes cambia además el eje de la discusión política. Hasta ahora, varios de los involucrados sostenían que las grabaciones podían haber sido creadas mediante inteligencia artificial o editadas digitalmente. Sin embargo, los especialistas descartaron esa posibilidad y validaron la autenticidad de los audios.
En Honduras, el gobierno considera que se trató de una operación de injerencia política extranjera, mientras que distintos sectores opositores y organizaciones civiles exigen que la Justicia avance sobre el origen de los fondos mencionados y sobre la posible participación de actores internacionales en campañas políticas internas.
El episodio también reavivó el debate sobre el uso de estructuras digitales para intervenir en procesos democráticos de América Latina y sobre el crecimiento de redes de desinformación transnacionales ligadas a sectores políticos extremistas.
