Santiago del Estero quedó incluida entre las 20 ofertas que recibió el Gobierno para la licitación de rutas nacionales

La provincia de Santiago del Estero quedará integrada al nuevo esquema del sistema vial nacional tras la apertura de sobres de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Economía de la Nación bajo las directivas del ministro Luis Caputo, contempla la entrega de la operación, modernización y mantenimiento de tramos clave de las rutas federales a manos de empresas privadas.

De los ocho corredores que salieron a licitación en esta etapa —que suman una extensión superior a los 3.900 kilómetros distribuidos en diez provincias—, dos de ellos modifican el mapa logístico santiagueño.

Se trata del Tramo Noroeste (NOA), con una longitud de 596,52 kilómetros. Este corredor abarca las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016. Su trazado es vital para la provincia, ya que enlaza de forma directa a la ciudad de Santiago del Estero con San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy, consolidando una red fundamental para el transporte interprovincial de bienes y economías regionales.

El Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros de extensión desarrollados exclusivamente sobre la Ruta Nacional 34. Según la información oficial suministrada por el Palacio de Hacienda, este tramo específico fue incluido en la etapa actual con el propósito de consolidar de manera definitiva la conectividad norte-sur del país y optimizar el flujo de transporte de cargas entre los principales nodos logísticos que cruzan la provincia.

La firma de los contratos y la posterior adjudicación a alguno de los 20 oferentes que presentaron propuestas darán paso al inicio de los trabajos en el corto plazo. “Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo al respecto.

Red Federal y mapa de conectividad

Más allá del impacto directo en el noroeste argentino y la Ruta 34, el proceso licitatorio de la Etapa III abarca otras regiones de alta densidad productiva, comercial y turística, distribuidas en los siguientes corredores:

**Tramo Centro (681,92 km): Abarca sectores de las rutas nacionales 9, 19 y 34, conectando la localidad de Pilar, en Córdoba, con la ciudad de Rosario (Santa Fe), extendiéndose además hacia San Francisco, Rafaela y Santa Fe capital.

**Tramo Chaco – Santa Fe (497,18 km): Desarrollado sobre la Ruta Nacional 11, une las ciudades de Resistencia y Santa Fe, atravesando los nodos productivos de Reconquista, Vera y Avellaneda.

**Tramo Cuyo (329,09 km): Corre sobre la Ruta Nacional 7 desde Puente del Inca, en la cordillera mendocina, pasando por Mendoza capital, Luján de Cuyo, Agrelo y San Martín, hasta el límite de Desaguadero. Es el corredor clave para el flujo hacia el Pacífico y el mercado chileno.

**Tramo Litoral (546,74 km): Une Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) con Loreto (Corrientes) mediante las rutas nacionales 12 y 16, cruzando los puentes interprovinciales de la Mesopotamia.

**Tramo Mesopotámico (276,11 km): Desplegado en Entre Ríos sobre las rutas 12 y 18, conecta Paraná con Concepción del Uruguay, vinculando los puertos locales.

**Tramo Noreste (456,22 km): Corre por las rutas 12 y 105, uniendo Loreto (Corrientes) con Puerto Iguazú (Misiones), facilitando el acceso a los principales centros turísticos y comerciales del norte misionero.

El esquema implementado obliga a las compañías adjudicatarias a asumir el financiamiento total de las obras previstas, garantizando los estándares técnicos y la continuidad operativa sin aportes del tesoro público.

Como antecedente directo, el Gobierno nacional ya había avanzado con la Etapa II-A de esta red federal, una instancia que involucró la transferencia de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales al sector privado bajo idénticas condiciones de inversión. Con la concreción de esta tercera etapa, el Ejecutivo busca transformar de forma estructural la gestión de la infraestructura vial, apostando a que la inversión privada incremente la competitividad del sector productivo nacional.

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