El Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero inhabilitó y retiró definitivamente la matrícula al licenciado Santiago Gallo Gastaminza. La medida formalizada por la entidad se fundamentó en la comisión de “supuestas faltas éticas” en el ejercicio de su función, en sintonía con el avance de dos causas penales por abuso.
La resolución sancionatoria fue el resultado de una votación interna desarrollada en el marco de una Asamblea General Ordinaria convocada por el órgano colegiado, mediante un encuentro mantenido el 20 de mayo.
En septiembre de 2024, una paciente lo acusó de haberla violado en 2019, cuando ella era menor de edad. Según había relatado entonces, el profesional la abusó en dos oportunidades: una en el interior del auto del acusado y la segunda en su consultorio.
Quedó en libertad por el pago de una fianza
La drástica sanción del Colegio llega más de un año después de que se iniciaran las acciones legales que son público conocimiento. Gallo Gastaminza había sido detenido el 14 de septiembre de 2024 y permaneció bajo arresto hasta el 23 de octubre de ese mismo año, fecha en la que la Justicia le concedió la excarcelación bajo fianza.
El proceso penal, instruido y coordinado por la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Yésica Lucas, se inició a partir de la denuncia de la paciente víctima, quien lo acusó formalmente por el delito de doble abuso sexual.
La sanción más severa
Un Tribunal de Ética e Idoneidad Profesional llevó adelante una exhaustiva investigación sumarial sobre el desempeño del psicólogo en cuestión. Durante el proceso, se recabaron y presentaron elementos probatorios vinculados a presuntos apartamientos de las normas éticas, técnicas y disciplinarias que regulan de forma estricta la práctica de la psicología en la provincia.
En este aspecto, detectaron prácticas incompatibles con los resguardos, límites y principios que deben regir de manera obligatoria en la relación asimétrica profesional-paciente.
Mientras que el plano ético institucional se enfocó en auditar la responsabilidad del matriculado para continuar ejerciendo la profesión. Las autoridades aclararon que la eventual responsabilidad penal será dictaminada de forma exclusiva por los jueces de la causa, garantizando el principio de inocencia y el debido proceso.
Al momento de someter a votación las opciones previstas en el Estatuto Social de la entidad, la amplia mayoría de los asambleístas optó por aplicar la sanción más severa contemplada del reglamento que es la inhabilitación con retiro permanente de la matrícula.
