En una entrevista exclusiva brindada esta mañana al programa La Mañana de Info, el doctor Sebastián Robles, abogado defensor del arquitecto Murias, rompió el silencio por primera vez en torno al caso que conmociona a la localidad de Horizonte. Murias se encuentra actualmente bajo prisión preventiva tras ser acusado de tomarle una fotografía a un menor de edad en un tren y enviar mensajes con presuntas injurias raciales.
Robles, conocido también por su reciente intervención en el caso de Agostina Paez, confirmó que el día de ayer al mediodía presentaron un recurso de habeas corpus para apelar la detención de su cliente. Según el letrado, la medida cautelar es desproporcionada debido a que, desde un análisis estrictamente técnico-jurídico, los hechos denunciados no constituyen un delito penal.
El núcleo de la estrategia de la defensa radica en la forma en que se obtuvo la evidencia que hoy consta en el legajo policial. Robles contextualizó el episodio ocurrido el pasado domingo: “El señor Murias iba en el tren y es verdad que sacó una foto al menor. Tuvo una conversación privada, no sé si en tono de broma o no, pero privada al fin. Una pasajera, que nunca fue identificada, le informó esto a la madre, quien lógicamente se puso nerviosa”.
El conflicto escaló cuando, según el relato del abogado, cuatro pasajeros y dos guardias de seguridad del tren agredieron física y verbalmente al arquitecto. En medio del tumulto, le quitaron el teléfono celular y lo desbloquearon de manera arbitraria para fotografiar la pantalla con los mensajes privados, imágenes que luego fueron entregadas a la justicia.
”No había ningún tipo de aval para la apertura de esa evidencia. Por lo tanto, la incorporación de esa prueba es nula”, sentenció Robles, detallando que el teléfono fue incautado formalmente por la policía pero aún no se han realizado ni notificado las aperturas telefónicas oficiales.
Más allá de los cuestionamientos sobre el procedimiento, el defensor analizó la legislación vigente. Explicó que el artículo 2 de la Ley 7716 (endurecida en 2023 por la Ley 14532 de racismo) exige un requisito indispensable para que se configure el delito: la exteriorización y la publicidad del acto.
”Para que exista el delito debe haber un dolo específico de exteriorizar la injuria, una publicidad externa para que la persona afectada se sienta atacada públicamente por una cuestión de discriminación. En este caso, al ser una conversación privada, no hay exteriorización ni la publicidad que pide como requisito esencial la norma. Para nosotros no hay tipificación jurídica y no hay delito”, argumentó el letrado.
Durante la entrevista, el doctor Robles aportó un marco histórico sobre el origen de esta normativa, señalando que la Ley 7716 se inspiró originalmente en el Código Penal brasileño (Art. 156, inc. 3) para combatir el racismo internalizado en ese país, aclarando que la aplicación en casos que involucran a extranjeros suele ser temporal, pero que la esencia de la ley penal debe respetarse rigurosamente.
Finalmente, el abogado pidió separar las valoraciones morales del análisis netamente jurídico e hizo una crítica al tratamiento que el caso está recibiendo en algunos medios de comunicación, afirmando que muchas veces se inventa cualquier cosa en las noticias sin rigurosidad técnica.
