Un nuevo y profundo escándalo institucional sacude a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Santiago del Estero. La Lista Verde “10 de Agosto” emitió un duro comunicado denunciando que la nueva conducción de la Lista Celeste y Blanca carece de validez legal, dado que aún no fue certificada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Sin embargo, el punto de mayor impacto radica en la publicación de la Resolución N° 2026-9-E-GDESE-DGP#MJDH de la Dirección General de Personal de la provincia.
Según el documento oficial emitido este año, los dirigentes oficialistas Carlos Ledesma y Federico Ramírez fueron dados de baja de la administración pública y el sistema educativo. Al extinguirse su rol activo, la oposición afirma de manera tajante que “ya no pertenecen a la actividad docente ni sindical”, lo que anula cualquier legitimidad para comandar el gremio técnico.
A su vez, la Lista Verde apuntó contra las llamativas irregularidades del organismo de control provincial al excluir de las bajas a Juan Orlando Gorosito, histórico dirigente de más de 75 años que lleva 37 fuera de las aulas. Denuncian que Gorosito continúa percibiendo haberes en actividad y arrastra un régimen de incompatibilidad oculto desde 2008 por un cargo pago en la obra social OSPLAD. Este quiebre administrativo expone favoritismos por parte de la Dirección de Personal y profundiza la crisis que comenzó el pasado 18 de mayo, cuando la Junta Electoral Nacional decretó de manera irregular el triunfo oficialista. Ante la falta de fueros y avales nacionales, la oposición santiagueña ratificó que el proceso se encuentra viciado y judicializado, exigiendo transparencia para la docencia técnica local.
Acefalía legal: Sin certificación de la Secretaría de Trabajo
El conflicto electoral en AMET Santiago del Estero escaló a niveles críticos. A más de dos semanas de concluidos los comicios que la oposición catalogó como fraudulentos, la Lista Verde “10 de Agosto” reveló que la Comisión Directiva Nacional y las seccionales regionales de la Lista Celeste y Blanca operan en la ilegalidad. “A la fecha, la Lista Celeste y Blanca que asumió ilegítimamente aún no está certificada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esto impide su funcionamiento de forma legal y legítima en todo el país y en cada una de las provincias”, sentencia el comunicado.
Desde el espacio opositor aclararon que la mera notificación de “ganadores” emitida por la Junta Electoral Nacional (JEN) bajo la polémica Resolución 70 no otorga el marco legal correspondiente ni valida los denominados “fueros gremiales”, dejando a la actual conducción local en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica.
El decreto que sacude al oficialismo: Ledesma y Ramírez, fuera del sistema
La mayor sorpresa para la comunidad docente santiagueña llegó con la publicación de la Resolución N° 2026-9-E-GDESE-DGP#MJDH, mediante la cual la Dirección General de Personal de la Provincia tramitó la baja definitiva de agentes de la Administración Pública y del sector docente.
En dicha nómina oficial figuran de manera explícita Carlos Ledesma y Federico Ramírez, las cabezas visibles del oficialismo que pretendían comandar los destinos de AMET. Al hacerse efectiva su desvinculación del sistema educativo, la Lista Verde remarcó que ambos han perdido el carácter de docentes activos requerido por los estatutos, por lo que quedan inhabilitados para ejercer representación sindical alguna.
Las graves irregularidades que fundamentan el reclamo de la Lista Verde se estructuran en cuatro ejes principales. En primer lugar, advierten la existencia de una acefalía legal debido a que la Secretaría de Trabajo de la Nación aún no ha certificado a las autoridades electas de la Lista Celeste y Blanca. A este escenario se suma que los dirigentes Carlos Ledesma y Federico Ramírez fueron dados de baja del sistema educativo mediante una resolución provincial, perdiendo su condición de docentes activos y, por ende, su legitimidad sindical. En contraposición, la oposición denuncia un llamativo proteccionismo en el “Caso Gorosito”, señalando que este histórico dirigente de 75 años fue exceptuado de la baja obligatoria y continúa cobrando un sueldo como agente en actividad. Finalmente, exponen una situación de incompatibilidad de doble sueldo al detectar que dicho referente omitió declarar los cargos remunerados que percibe de forma paralela en la obra social OSPLAD desde el año 2008.
Proteccionismo institucional y el polémico “Caso Gorosito”
El comunicado de la oposición también encendió las alarmas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Personal de Santiago del Estero, acusando al organismo de aplicar criterios asimétricos y arbitrarios para beneficiar a ciertos actores del oficialismo sindical.
El blanco de las críticas fue Juan Orlando Gorosito, histórico referente de la Celeste y Blanca. “Sorprende no leer el nombre de Gorosito, quien en la misma situación, con más de 75 años de edad y estando en las mismas condiciones de los colegas nombrados, continúa cobrando sueldo de activo“, denunciaron. Según la presentación, Gorosito acumula 37 años fuera de la escuela técnica y desde el año 2008 percibe salarios sin presentar las declaraciones juradas obligatorias de Régimen de Incompatibilidad, ocultando un cargo remunerado en la obra social OSPLAD.
Ante esta grave situación, la Lista Verde interpeló de forma directa a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia mediante una serie de interrogantes:
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¿Cómo la Dirección de Personal no dio de baja a quien tiene 37 años fuera de la escuela, excede los 75 años de edad y no posee certificación de miembro de Comisión Directiva?
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¿Por qué se dio de baja al resto de los trabajadores y docentes que reúnen los requisitos y a este dirigente no?
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¿Bajo qué criterios de legalidad la Dirección de Personal legítima o legaliza fueros sindicales ficticios?
“Mucha improlijidad para el gusto de la docencia”
Hacia el cierre de la misiva, los referentes de la Lista Verde “10 de Agosto” confirmaron que ya cuentan con las copias y registros materiales de las resoluciones publicadas para anexarlas a las carpetas judiciales que impugnan el proceso de AMET.
Tras remarcar que su campaña se financió con fondos transparentes y propios, contrastaron su ética con las maniobras de la conducción saliente. “Es mucha improlijidad para el gusto de la docencia santiagueña. Nosotros hicimos historia democratizando el gremio por primera vez tras 36 años de lista única, y por el respeto a las escuelas técnicas de la provincia, esta historia va a continuar en la justicia”, concluyeron.
