La causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual, abandono de personas, violencia física y otros delitos en perjuicio de varios niños y adolescentes del departamento Figueroa continúa avanzando en la Justicia santiagueña. Tras la decisión del juez Fernando Paradelo de dictar la prisión preventiva para un matrimonio y su yerno, desde la querella sostienen que aún quedan numerosos aspectos por esclarecer.
En diálogo con La Mañana de Info, la abogada querellante Marcela Cano, referente de la ONG Madre Víctimas de Trata, afirmó que se trata de una investigación compleja y que existen indicios de que podrían surgir nuevas responsabilidades.
“Falta mucho por investigar. Creemos que hay más responsables que deben ser identificados y que la fiscalía debe profundizar distintas líneas de trabajo”, señaló.
La letrada explicó que tanto su organización como otras entidades vienen trabajando desde hace más de dos años en causas vinculadas a abusos sexuales contra niños y trata de personas con fines de explotación sexual en Santiago del Estero. En este caso particular, la denuncia fue presentada en abril y derivó en una serie de medidas judiciales que permitieron constatar las condiciones en las que vivían las víctimas.
Según detalló, durante los procedimientos se comprobó que varios de los hijos del grupo familiar, entre ellos menores de edad y personas con discapacidad, se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad.
“Había deshidratación, falta total de alimentación adecuada, ausencia de escolaridad y lesiones corporales. Eran niños expuestos sistemáticamente a situaciones de crueldad y tortura”, sostuvo Cano durante la audiencia en la que se debatió la prisión preventiva de los imputados.
Cómo se encuentran los niños
Respecto de la situación actual de las víctimas, la abogada indicó que todos los menores fueron institucionalizados por disposición judicial y que actualmente atraviesan un proceso de recuperación.
“Ahora lo prioritario es estabilizar su salud física y psicológica. Después habrá que analizar la mejor estrategia para garantizar que puedan permanecer juntos”, explicó.
Desde las organizaciones que intervienen en la causa consideran que separar a los hermanos podría generar nuevas consecuencias traumáticas, ya que, según señalaron, los niños no mantienen vínculos familiares significativos fuera del propio grupo.
La importancia de la prisión preventiva
Cano respaldó la decisión judicial de mantener detenidos a los acusados y consideró que la medida resulta indispensable para proteger la investigación.
La querella sostiene que todavía restan numerosas declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias, y advirtió que una eventual liberación de los imputados podría afectar el avance de la causa.
“Hay testigos que tienen miedo de declarar. Nos ha costado mucho que algunas personas se animen a brindar su testimonio porque manifiestan temor por hechos de violencia y posibles represalias”, indicó.
Una investigación que podría ampliarse
Además de señalar la posible existencia de otros responsables, la abogada cuestionó la actuación de distintos organismos estatales.
“Hay instituciones que estaban al tanto de la situación de abandono que atravesaban estos chicos y no actuaron con la diligencia que correspondía”, afirmó.
La investigación tiene actualmente a un matrimonio y a su yerno imputados por diversos delitos, entre ellos abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones y abandono de personas. Según la hipótesis de la Fiscalía, nueve de trece hermanos habrían sido sometidos durante años a condiciones de vida incompatibles con su integridad física y emocional.
Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, los tres acusados permanecerán detenidos en el sistema penitenciario provincial por disposición judicial.
